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Bancolombia encarga a Jairo Burgos de su Presidencia

(EDICIÓN NACIONAL) Al tiempo que abogados de la familia Gilinski pedían al Superintendente Financiero revocar la posesión de Jorge Londoño como presidente de Bancolombia, la junta directiva de la entidad aceptó un receso en el cargo pedido por Londoño y nombró como presidente encargado a Jairo Burgos de la Espriella.

10 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Burgos es vicepresidente de Recursos Humanos y está en la entidad desde 1990.

Londoño está en detención domiciliaria acusado por la Fiscalía de estafa, en la operación mediante la cual se fusionó el Banco Industrial Colombiano con el Banco de Colombia para que surgiera Bancolombia hace una década.

Por acusaciones similares, también está privado de la libertad Federico Ochoa, vicepresidente de Bancolombia, quien también pidió un receso a su junta directiva que se le concedió.

Ayer, abogados de la familia Gilinski, accionistas minoritarios de Bancolombia, le pidieron a la Superintendencia Financiera destituir de sus cargos Londoño y Ochoa.

Durante el fin de semana, la junta directiva del Bancolombia había respaldado a los dos ejecutivos, quienes iban a permanecer en sus posiciones mientras se resolvía un recurso de nulidad contra la tutela que permitió reabrir el caso. Se estima que la nueva decisión de la Corte Constitucional estaría en tres semanas.

En un derecho de petición enviado al Superintendente Financiero, Augusto Acosta, los abogados de los accionistas minoritarios piden acatar el mandato de la Fiscalía, que –además de ordenar la detención domiciliaria de los directivos bancarios– solicitó la destitución de los mismos de sus respectivos cargos.

El abogado de los Gilinski, Francisco José Sintura, señaló en carta al Superintendente que la orden de detención y sus causales son de amplio conocimiento, por lo que se deben cumplir con las normas legales existentes al respecto en el sentido de que los adminsitradores bancarios deben cumplir con principios mínimos de transparencia para administrar dineros del público.

“En estas circunstancias y a la luz del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, precede dar aplicación al artículo 75 de la Ley 795 de 2003, donde se dispone la revocatoria de la posesión de los administradores bancarios cuando desaparecen, de manera objetiva e incontrovertible –como en este caso–, las circunstancias tenidas en cuenta para habilitar a una persona para el ejercicio de tal altas responsabilidades en el manejo del ahorro del público”, dice la carta.

Agrega que “es evidente que la Superintendencia jamás dará posesión como presidente de un banco a una persona estando privada de su libertad y mucho menos por causa de delitos financieros y por estafas