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El derecho a la vida

Las cifras divulgadas por la Policía no coinciden con las del Ministerio de Defensa. Pero la tendencia parece ser la misma. Según la Fundación Seguridad y Democracia, el anterior fue el cuarto año consecutivo de descenso de la tasa de homicidios desde el 2002: desde entonces cayó de 66 por cada cien mil habitantes a 36,86. La caída en el número de secuestros es mucho más notable.

05 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Estas son buenas noticias para comenzar el año. No pueden ser, sin embargo, motivo de celebración.

El número de homicidios sigue siendo descomunal –más de 17.000 en el 2006, de acuerdo con la Policía–, un claro indicativo de la catástrofe humanitaria que seguimos sufriendo. Miles de secuestrados se encuentran todavía en cautiverio. Las dimensiones de tales problemas son más que extraordinarias, monstruosas.

Las buenas noticias sobre la disminución de homicidios y secuestros no son además generales: los primeros se agravaron en Córdoba, Meta, Bolívar y Nariño; los segundos, en Chocó, Magdalena, Norte de Santander y Bogotá.

‘2006, el menos violento en 20 años’: así tituló El Colombiano su principal noticia este miércoles. Hay razones, pues, para registrar ciertos progresos con algún optimismo.

No obstante, como en ocasiones anteriores en el último cuatrienio, importa advertir que, frente a las enormes dimensiones anotadas, la tarea de garantizarles seguridad a los colombianos tiene aún por delante un largo camino que recorrer. (Sólo he tomado en cuenta los datos de homicidios y secuestros, aunque hay por supuesto otros problemas que merecen similar atención, como el desplazamiento forzado).

E importa insistir en la advertencia porque para una altísima proporción de colombianos –según las encuestas Gallup–, la seguridad parecería una preocupación secundaria.

Los descensos en homicidios –aquí o en la Patagonia– obedecen con frecuencia a múltiples causas, objetos de controversias. El Gobierno los interpreta como logros de su política de seguridad, el foco de críticas de la oposición. Un estudio de Michael Spagat, publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (www.cerac.org.co), sugiere que tras el proceso de desmovilización de las Auc se redujeron de manera significativa los homicidios en aquellas áreas donde operaban los grupos desmovilizados.

Pero el impacto no ha sido uniforme: la caída del homicidio en Antioquia contrasta con el cuadro pesimista de Nariño.

Sus conclusiones son tentativas y cautelosas: “Es vital monitorear los desarrollos zona por zona para así responder de manera pronta a tendencias negativas”.

Cualesquiera fuesen las causas del descenso de los homicidios, el Gobierno haría bien en hacer un balance sistemático de su política de seguridad democrática, cuatro años después de su publicación. Para consolidar sus logros, mas también para someterla a las debidas reconsideraciones frente al inmenso desafío que sigue representando el problema.

Habría que subrayar que si bien los homicidios han caído año tras año desde el 2002, la tendencia visible ha sido la desaceleración de tal descenso: disminuyeron más del 19 por ciento en el 2003, 13 por ciento en el 2004, 11 por ciento en el 2005, sólo 5 por ciento el año pasado.

En su mensaje del 31 de diciembre desde Bojayá, el presidente Uribe convocó a los colombianos para hacer del 2007 “el año de la vida” –una campaña que había anunciado en la W Radio dos semanas atrás–.

No dio mayores detalles. Un “año de la vida” tendría que proponerse metas específicas, revisables día a día. Y exigiría un amplio grado de consenso y compromiso entre las principales fuerzas sociales y políticas del país: un ambicioso acuerdo nacional contra el crimen que los jefes del Gobierno y la oposición están en mora de discutir.