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EX GOBERNADOR NO JUSTIFICÓ 7.500.000 DE SU FORTUNA

Por presunto enriquecimiento ilícito, la Procuraduría General de la Nación solicitó la destitución del ex gobernador de La Guajira, Román Gómez Ovalle. La investigación del Ministerio Público concluyó en que el ex funcionario no justificó debidamente un incremento patrimonial de 7 500.000 de pesos que obtuvo en 1990 cuando ejercía el cargo de gobernador de La Guajira.

28 de julio 1993 , 12:00 a.m.

El Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Hernán Díaz, estableció que entre agosto de 1990 y junio de 1991 el ex gobernador realizó consignaciones bancarias por cerca de 24 millones de pesos. Ese monto, asegura el Ministerio Público, superó sus ingresos en 12 597.337 de pesos.

De esta última cifra, el político sólo pudo justificar plenamente cuatro millones de pesos y no logró demostrar de dónde obtuvo 7 500.000 de pesos.

Gómez Ovalle presentó como parte de sus explicaciones una supuesta transacción por la venta de su finca Miramar en Santa Marta, por valor de 8 000.000 de pesos, y aseguró, además, que capitalizó otra parte con la explotación económica del predio.

Sin embargo, los documentos demuestran inequívocamente que la finca fue vendida en agosto y que, por lo tanto, el mencionado señor no podía estar percibiendo dineros provenientes de la misma , asegura el informe oficial del Ministerio Público.

El investigado, además, trató de justificar su incremento patrimonial mediante la venta de un vehículo en septiembre de 1990 y la adquisición de cuatro créditos por un monto de 4 000.000 de pesos.

Al estudiar la documentación aportada por el político, la Procuraduría descubrió, por ejemplo, que en la declaración de renta de esa vigencia fiscal no aparece registrada la transacción comercial del carro.

Sobre los créditos, el Ministerio Público aseguró que parcialmente tienen sustento, pero que hay otros que no tienen documentos que comprueben su existencia.

La solicitud de destitución puede ser atacada por el ex gobernador mediante el recurso de apelación ante el despacho del Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta.