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RUIZ NO SERÁ JUEZ DE MAGISTRADOS

Persuadido por sus colegas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el parlamentario Jairo Ruiz desistió ayer de continuar el proceso penal contra los 16 miembros del Consejo de Estado. Luego de un debate a puerta cerrada, Ruiz anunció que admitía los argumentos de recusación expuestos por los magistrados Guillermo Chaín y Carlos Betancur. El nuevo ponente del caso es el liberal Edmundo Guevara.

29 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La decisión la tomó como consecuencia del firme rechazo que recibió su actitud de enjuiciar a los magistrados.

En el mismo Congreso y en diversos estamentos políticos y sociales hubo una firme reacción contra su pretensión.

Persuadido por sus compañeros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el congresista Jairo Ruiz desistió ayer de seguir conduciendo un proceso penal contra 16 consejeros de Estado.

Tras un debate a puerta cerrada de cuatro horas en la Comisión, Ruiz produjo un breve auto en el que renuncia a la ponencia y admite los argumentos de recusación expuestos por los magistrados Guillermo Chain Lizcano, presidente del Consejo de Estado, y Carlos Betancur Jaramillo, a quienes el martes escuchó en indagatoria.

El estudio del caso corresponderá ahora al representante liberal Edmundo Guevara, que se comprometió a conducir cuidadosa y equilibradamente el caso y a producir una decisión en derecho exenta de cualquier consideración política o de conveniencia , según dijo.

No tengo rabo de paja. Si lo tuviera, ya me lo habrían quemado , aseguró Guevara cuando un periodista le preguntó si no tendría un impedimento de carácter moral por el hecho de militar en el movimiento político que conduce el controvertido exparlamentario Rafael Forero Fetecua.

Guevara explicó que la responsabilidad penal es individual y por ello no extensiva a los amigos personales o políticos de quienes han sido cobijados por una sentencia judicial.

La Comisión de Acusaciones cuestionó la actitud asumida inicialmente por Jairo Ruiz y consideró que si éste se hubiera declarado impedido en el momento oportuno, se habría evitado un penoso impasse que amenazó con deteriorar las buenas relaciones entre el Consejo de Estado y el Congreso de la República.

La Comisión, presidida por el representante Darío Martínez Betancur, produjo una declaración en la que advirtió que Ruiz obró bajo su total y absoluta responsabiidad y llamó a indagatoria a 16 jueces de la República sin hacer ningún tipo de consultas previas.

La Comisión de Acusaciones en este caso no ha comprometido ninguna determinación y, en consecuencia, no asume ninguna clase de responsabilidad , enfatizó la declaración.

Rechazo por doquier Entre tanto, ayer hubo una firme reacción de diversos estamentos políticos y sociales contra la actitud del representante Ruiz.

Los presidentes de Cámara y de Senado, Francisco Jattín y Jorge Ramón Elías Nader, visitaron personalmente al presidente del Consejo de Estado, Guillermo Chain, para expresarle su solidaridad y precisarle que no se trató de una decisión adoptada por el Congreso.

Elías dijo que daba por superado el episodio y que ahora correspondía avanzar conjuntamente en el desarrollo de la Constitución. Lo que choca al Congreso y a la opinión nacional es el hecho de que alguien que estuviera investigado por conductas anteriores, trate no sólo de cuestionar a los magistrados que son sus juzgadores sino que los llame a indagatoria en forma directa e incomprensible .

Jattín dijo que no comparte la postura de Ruiz, pero consideró igualmente que el procedimiento era válido desde el punto de vista legal, según lo prevé el reglamento interno del Congreso.

Durante el encuentro con el presidente del Consejo de Estado estuvieron también los dos vicepresidentes del Senado, Elías Matus y Darío Londoño, y el vicepresidente de la Cámara, Adalberto Jaimes.

Este último declaró que es un exabrupto jurídico la acusación del representante Jairo Ruiz de citar para indagatoria a los magistrados del Consejo de Estado, desatendiendo las normas que lo obligan a declararse impedido o admitir la recusación por ser él sujeto de investigación por parte de esa respetable corporación .

La ANDI expidió un comunicado en el que cuestiona severamente la actitud del congresista. Causa estupor cómo un representante, valiéndose para fines particulares de su investidura y su posición, llamó a indagatoria a los magistrados que conforman el Consejo de Estado. Este hecho cuestiona las decisiones que autoridades legítimamente constituidas profieren en ejercicio de sus expresas atribuciones constitucionales. Ello agrava aun más la inestabilidad institucional que padece el país .

El senador Hugo Serrano dijo: La actitud de Ruiz desprestigia el Congreso y lo pone en evidencia ante la opinión pública nacional . José Renán Trujillo señaló que el Congreso no puede seguir en un proceso de autodesafío y agregó que todas las ramas del Poder Público merecen respeto.

La senadora Clara Pinillos indicó que no se trata de una determinación del Congreso, sino de una actitud insular. El congresista Ruiz estaba impedido y su grave error es rechazado por el Congreso . Entre tanto, Augusto Josué Bedoya, personero de Leticia (Amazonas), departamento del que es representante Jairo Ruiz, envió una carta al fiscal Gustavo de Greiff en la que solicita investigadores para las denuncias que él mismo ha elevado contra los funcionarios nombrados por el parlamentario.

Por su parte, los dos directorios conservadores coincidieron en condenar el hecho.

Jaime Arias y Hernán Beltz, presidente y vicepresidente del directorio independiente, dijeron que rechazan la manera como algunos congresistas tratan de entorpecer la acción de la justicia, utilizando el instrumento de la Comisión de Acusación . Expresaron su solidaridad con los miembros del Consejo de Estado y dijeron que el Congreso de la República no puede abandonar la majestad y serenidad que la tradición republicana y la Constitución le han otorgado .

El directorio pastranista que preside Alvaro Villegas Moreno calificó como un episodio insólito del mundo al revés .

A Comisión de Etica La Comisión de Etica de la Cámara anunció que iniciará de inmediato una investigación por los hechos propiciados por Ruiz y designó para ello una subcomisión especial. El equipo encargado de la averiguación está integrado por la representante liberal Yolima Espinosa, el conservador Benjamín Higuita, Rafael Camargo, de la AD M-19, y Jairo Clopatofsky, independiente.

No todos los miembros de la Comisión de Etica se solidarizaron con la iniciativa. Para Ricardo Rosales, el procedimiento está viciado de falsedad porque fue aprobado en los pasillos del Congreso y no en sesión formal.

En efecto, la Comisión no pudo reunirse por falta de quórum, pero aun así, siete de sus integrantes se dieron a la tarea de recoger firmas para respaldarla.

Yolima Espinosa, una de las promotoras de la proposición, deploró que pese a las críticas que ha recibido el Congreso, a raíz de ese bochornoso episodio, todavía haya parlamentarios que se aferren al peligroso concepto de la solidaridad de cuerpo y que se empeñen en evitar a todo trance que el parlamentario sea cuestionado e investigado en el seno mismo de la Cámara .

UN CASO INSOLITO : SAMPER El precandidato liberal Ernesto Samper dirigió, horas antes de conocerse la renuncia del representante Jairo Ruiz, una carta a la Comisión de Acusaciones en la que pide a sus integrantes separarlo del conocimiento del caso contra los magistrados del Consejo de Estado.

En ella, Samper califica como insólito el hecho de que un congresista investigado justamente por el Consejo de Estado decida llamar a indagatoria a los magistrados.

El texto de la carta a Darío Martínez Betancur, presidente de la Comisión, es el siguiente: Con indignación y sorpresa me he enterado, por la prensa del día de hoy, que el representante Jairo Ruiz, integrante de esa Comisión, citó a rendir indagatoria a los miembros del Consejo de Estado, sindicándolos de haber prevaricado cuando decidieron la pérdida de investidura del ex senador Samuel Alberto Escrucería.

El caso resulta francamente insólito, no solo por la propia y controvertida condición del parlamentario citante, sino por los argumentos expuestos para justificar su decisión, en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales que reglamentan de manera contundente la materia, en particular los artículos 184 y 179 de nuestra Carta Política.

No se oculta a usted, señor presidente, como a los demás miembros de la Comisión, las graves consecuencias que para la imagen del Congreso y de la actividad legislativa que se adelanta, revisten episodios bochornosos como este. El COnsejo de Estado, a mi juicio, obró en consecuencia cumpliendo debidamente el ordenamiento jurídico nacional y a satisfacción de la población colombiana.

Por las anteriores razones le solicitó a usted, como a los demás miembros de esa Comisión, a quienes estoy dirigiendo por separado copia de esta comunicación, entrar en sala plena para examinar y revocar la decisión adoptada por el represnetante investogador y, en caso de encontrarse razones como uo pienso que existe que asi lo justifiquen, separlo del conocimiento del caso.

Considero que la Comisión, para estos efectos, podría actuar por analogía procesal como instancia superior del investigador que tanto daño le causada al Congreso de la República con su discutible decisión.

Atentamente, Ernesto Samper Pizano.