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DEMOCRACIA O EFICACIA

Menos parlamento, más resultados . El nuevo Estatuto de Bogotá parecería darle la razón a esa vieja y ominosa consigna de Mussolini. El Congreso desperdició dos años en componendas y en alegatos: por eso tuvo que legislar el Presidente. El Concejo había agotado su legitimidad en un sinfín de escándalos y triquiñuelas: por eso hubo que recortarle los poderes. Y la ciudad se estaba desmoronando en medio de la indecisión fiscal: por eso la Nación tuvo que venir a poner en orden sus impuestos. Los enemigos del Estatuto que no son pocos ni son mudos cuentan entonces con un eslogan de lo más taquillero: defendamos la democracia. Que el Presidente no consultó con las fuerzas vivas de la ciudad. Que el Alcalde pasó a ser un zar y el Concejo quedó de figurín. Que se nos viene encima una dictadura fiscal. Que el Congreso debe volver por su fuero y emprender la contrarreforma ya mismito...

27 de julio 1993 , 12:00 a.m.

Pero esos demócratas fervorosos no notan no les interesa notar cómo el nuevo Estatuto va derecho a la realidad esencial de Bogotá: la de una metrópoli ingobernable, acéfala y arruinada.

Ingobernable, porque la coadministración del Concejo fue haciendo del Distrito un agregado de burocracias clientelizadas y corruptas, cada una al servicio de la cauda de contratistas y electores de su jefe-concejal. El Estatuto desmonta la coadministración en el presupuesto, en la adjudicación de contratos, en las juntas de las empresas, en los nombramientos, en las revisorías fiscales, en las licencias y en el régimen de incompatibilidades.

Ciudad acéfala, porque entre la inercia y los políticos se fue armando un organigrama laberíntico y contrahecho de departamentos, fondos, empresas, institutos, juntas y comisiones que diluyen la autoridad de arriba para abajo y esconden la responsabilidad de abajo para arriba. El Estatuto comienza por entregar al Alcalde su primera función en una democracia de verdad: ser jefe de policía. Cambia el archipiélago de microempresas por una gran empresa donde la administración administra y donde manda un gerente general: el Alcalde Mayor aprueba el presupuesto de cada organismo, localidad o empresa; nombra las juntas directivas; escoge al director seccional de los entes nacionales y puede destituir al alcalde local. Así, el Concejo pasa a ser lo que siempre debió ser: una instancia pluralista para el debate, la decisión y el control superiores.

Ciudad arruinada por la ineficiencia, por llevar años de vivir al debe y por tener un índice de tributación más bajo que el de Cali o Medellín, el de Cajicá o Apartadó. El Estatuto despeja las dudas jurídicas o sea, los pretextos para que el Concejo pueda escoger a plena luz del día entre la valorización, la sobretasa a la gasolina, los peajes, las tarifas de impuestos y la privatización.

Aquellos demócratas fervorosos tienen razón en lamentar que el Estatuto no hubiera sido expedido por el Congreso. Solo que el país entero vio cómo el Proyecto se iba llenando de grandes micos y pequeños goles en su tránsito por las cámaras. Y también tienen razón en defender la institución del Concejo. Solo que las instituciones no se defienden sino por ser legítimas y no son legítimas sino por ser transparentes.

De modo que no hay un dilema entre democracia y eficacia. Hay un dilema entre dos estilos de democracia. Uno, donde cinco millones de bogotanos son expoliados por una federación de clientelas pequeñas y grandes intereses. Otra, donde los representantes del pueblo se hacen elegir sin prebendas ni serruchos y donde el Alcalde elegido para producir resultados responde por resultados. En esto y nada más debería centrarse la discusión del Estatuto.