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LAS PRETENSIONES DE DOÑA VIOLETA

En declaraciones recientes la señora presidenta de Nicaragua, doña Violeta Chamorro, ha considerado oportuno informar a la opinión pública colombiana que se propone entablar negociaciones con el Gobierno de Bogotá, destinadas a reivindicar para Nicaragua el archipiélago de San Andrés y Providencia, que, desde tiempo inmemorial, ha formado parte del territorio de la República de Colombia. Agrega la señora Chamorro que en el caso de no ser aceptada su propuesta de negociaciones con el Gobierno de Colombia, es su intención acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para hacer valer sus supuestos derechos sobre el archipiélago.

25 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La querella no es nada nueva ni es la actual presidenta de Nicaragua la primera en intentar ponerla en forma agresiva. Sucesivos gobiernos han suscitado el tema internacional con Colombia, cuando quiera que se encuentran en dificultades con la opinión pública de su país. Un expediente universalmente practicado, desde el primero hasta el tercer mundo, para reverdecer laureles.

Lo novedoso en el presente caso es la amenaza de incoar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de La Haya porque con anterioridad al actual gobierno de Nicaragua, otros, somocistas y antisomocistas, se habían limitado a declarar nulo el Tratado de Límites Esguerra-Bárcenas en forma unilateral: un procedimiento bastante original, por cuanto que toda nulidad debe ser declarada por los tribunales, ya que no existen nulidades de pleno derecho. Vigencia de un Tratado El Tratado en cuestión, suscrito en el año de 1928, aprobado posteriormente por el Congreso de Nicaragua y cuyo canje de ratificaciones tuvo lugar en 1930, fijó los límites entre los dos países en una forma salomónica. Colombia, desde la época colonial, tenía derechos sobre la llamada Costa de Mosquitia en el territorio continental de la actual Nicaragua y contaba también con títulos españoles sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa catalina, en virtud de la Cédula Real que asignó a la jurisdicción del virreinato del Nuevo Reino de Granada las dichas posesiones ultramarinas.

En la era republicana, jamás ha ejercicido Nicaragua ningún acto de soberanía sobre el archipiélago, a tiempo que sobre la Costa Mosquitia Colombia sí la ejercició en forma esporádica. Son hechos que se pierden en la noche del pasado, pero que demuestran a las claras que, si de antecedentes o de actos posesorios se trata, más derechos conservaría Colombia sobre parte del territorio ultramarino colombiano.

Cuanto está vigente y conserva actualidad es el tratado Esguerra-Bárcenas del que ya hemos hecho mención, por medio del cual se puso término a la delimitación territorial entre los dos países, señalando como referencia para la asignación de las islas y territorios en disputa el Meridiano 82, vale decir, que son de Nicaragua las posesiones del oeste de tal Meridiano y de Colombia las situadas al este, entre las cuales está comprendido el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Después de 60 años de haberse definido por los dos países la cuestión territorial con base en los antecedentes coloniales, de dónde puede surgir entonces el conflicto? La respuesta es muy sencilla: la opinión pública nicaragense ha llegado a la conclusión de que por haberse suscrito el Tratado Esguerra-Bárcenas durante la ocupación norteamericana de Nicaragua, el dicho Tratado es nulo, so pretexto de haber sido impuesto por los Estados Unidos al gobierno de Managua, en la época de las negociaciones tendientes a clarificar los límites entre Nicaragua y Colombia. Las vías diplomáticas Ignora el común de los nicaragenses, y aun de los propios colombianos, que la verdad es muy otra. En 1913, con anterioridad al Tratado Esguerra- Bárcenas, el gobierno de Nicaragua había suscrito un tratado con los Estados Unidos conocido como el Tratado Chamorro Weitzel, por medio del cual Nicaragua daba en arriendo por 99 años las islas Mangle a la Unión Americana, autorizaba la construcción de un canal interoceánico a través del Lago de Nicaragua y obtenía ciertos reconocimientos en el Golfo de Fonseca, y, como quiera que aún no se habían precisado los límites entre Colombia y Nicaragua no existía título de propiedad válido sobre dichas islas.

Obviamente el interés norteamericano residía en legitimar los precarios títulos de propiedad de su arrendador, es decir, Nicaragua sobre Mangle Grande y Mangle chico. En este camino Washington no ahorró esfuerzo hata conseguir que el gobierno de Colombia suscribiera el Tratado de 1928, por medio del cual se desprendería de sus derechos sobre la Costa Mosquitia y las islas al oeste del Meridiano 82.

Tan tenaz fue el propósito de Washington que, a pesar de haber negado su consentimiento al Tratado Chamorro-Weitzel, el Senado norteamericano, el Ejecutivo no vaciló en suscribir un nuevo tratado con el mismo contenido, suscrito por el Secretario Bryan y el propio Chamorro, tratado que contó con el beneplácito del Senado, no obstante las protestas de Colombia, Salvador y Honduras.

Estos últimos por cuestiones relacionadas con el Golfo Fonseca, que no eran de la competencia norteamericana, como tampoco lo era el tratar como dueño de las islas a Nicaragua sin tener en cuenta los clarísimos derechos colombinos. A estas protestas respondió la Cancillería Nicaragense, que se sentía respaldada por la secretaría de Estado, en términos altamente desapacibles para las partes interesadas.

Más aún: Salvador y Honduras llevaron su caso ante los tribunales, obteniendo una decisión favorable de la cual Nicaragua hizo caso omiso. En el caso de la reclamación colombiana, con la mediación de Estados Unidos, se procedió por las vías diplomáticas a entablar las negociaciones que culminaron en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Adhesión espontánea Qué interés podía tener el gobierno americano en presionar a Nicaragua, si ya contaba con 99 años de posesión sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico en virtud del Tratado Chamorro-Bryan? Ninguno. El verdadero interés era frente a Colombia que cuestionaba el dominio de Nicaragua sobre las Mangles.

Todavía estaba fresca en la memoria de los colombianos la separación de Panamá con el apoyo de los Estados Unidos y el origen de la secesión panameña puede decirse que fue la instransigencia colombiana, expresada por medio de su Congreso, ante los requerimientos norteamericanos para la apertura del Canal Interoceánico a raíz del fracaso de la Compañía Francesa del Canal , a comienzos del siglo.

Se temía, y así consta en documentos de la Cancillería Colombiana, que si no se llegaba a un acuerdo con Nicaragua pudiera perderse el archipiélago de San Andrés y Providencia, que el Pentágono tenía en mira como una posible estación carbonífera para la flota americana del Atlántico. El temor a un desenlace semejante llevó a la Cancillería de San Carlos a aceptar el Tratado con Nicaragua.

Todos estos episodios forman parte de la historia íntima de las respectivas negociaciones, y se deriva de los respectivos archivos de los países interesados, pero particularmente de la correspondencia entre Managua y Washington en donde aparece de bulto la debilidad de la posición colombiana a causa del interés de Washington en sacar avante el tratado. Basta cotejar la aspiración nicaragense de un mayor compromiso norteamericano con las negociaciones frente a la renuencia colombiana a aceptarlo.

El principio tradicional de pacta sunt servanda (los pactos deben ser cumplidos), no menos que la Convención de Viena sobre los tratados precluye cualquier posibilidad de abrir negociaciones en relación con una delimitación territorial vieja de 12 lustros sobre una porción del territorio colombiano que en la era republicana nunca ha reconocido ningún acto de soberanía nicaragense.

No fue sin razón que en 1822 los habitantes de la isla de Providencia (Old Providence) adhirieron espontáneamente a la Constitución colombiana de Cúcuta, refrendando de esta manera la disposición española que, en vísperas de la independencia de Colombia, puso bajo la jurisdicción de Cartagena de Indias el archipiélago de San Andrés y Providencia. (*) Servicio de columnistas de Inter Press Service Tercer Mundo S.A.