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FISCALÍA Y PRENSA: CUÁL RESERVA

Ha decidido el señor Fiscal encargado, Francisco José Sintura, iniciar investigación contra EL TIEMPO por presunta violación de la reserva del sumario tras la publicación de una serie de artículos sobre lo que ocurría dentro de la cárcel de Envigado. Esta es, como lo anotaba este diario, la primera vez en la historia reciente del país que un organismo judicial intenta investigar a un medio informativo por presunta violación de la reserva. Al margen de la dudosa constitucionalidad de esta medida (el artículo 332 del nuevo Código de Procedimiento Penal) cuestionada hoy por muchos juristas, preocupa que la Fiscalía se haya unido a la ofensiva jurídica que hoy enfrenta la prensa.

25 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La norma en cuestión presume además la responsabilidad de los medios de comunicación en casos de aparente violación de la reserva sumarial, y preve multas hasta de 80 millones de pesos en contra del medio y penas de arresto inconmutable hasta de 30 días.

Fuera de las acciones de tutela de toda índole que diariamente llueven sobre la prensa; de las restricciones contra las informaciones sobre orden público incluidas en la ley referente a estados de excepción; de las consabidas demandas por calumnia e injuria (amén de los frecuentes intentos por reglamentar el periodismo que surgen en el Congreso), ahora tenemos la amenaza de investigaciones, multas y carcelazos por violación de reserva. Entabladas, además, por una entidad como la Fiscalía, cuya máxima cabeza (hoy en merecidas vacaciones) ha instado siempre a la prensa a denunciar y destapar. El proceso que se ha iniciado tendrá repercusiones sobre el futuro de la libertad de prensa en este país. Cualquier intento de que este diario revele la fuente de su información cosa que jamás haría vulneraría de hecho el sigilo profesional que la Constitución protege sin excepciones y, de manera especial, la reserva de las fuentes de información periodística.

Y es que si prosperase este tipo de investigaciones sobre violación de reserva sumarial, lo que peligra es el derecho de informar sobre estos temas. Si en toda noticia sobre un proceso judicial se presume porque resulta cierta que hubo violación del sumario, entonces no se podrían volver a divulgar esta clase de informaciones en los medios. No se podrían publicar crónicas como las del fin de semana pasado sobre Las entrañas del Cartel .

Ahora bien, si tiene acceso a documentos judiciales, la prensa no debe divulgarlos de manera que, por ejemplo, un sindicado pueda alegar violación de la reserva del sumario para pedir la nulidad de un proceso.

En el caso que nos ocupa, es evidente el derecho que tiene el público de saber qué ocurrió dentro de La Catedral y cuáles fueron los crímenes e irregularidades que determinaron la frustrada decisión de trasladar a Escobar. Es un tema que a todo el mundo interesa y de alguna manera afecta. Y es misión de la prensa averiguarlo y contarlo. Es su función social por excelencia.

Resulta por lo menos paradójico, para no decir aberrante, que un año después, cuando las autoridades no han podido dar con Escobar; cuando las investigaciones no avanzan; las indagatorias de los presos de Itagí están paralizadas por falta de abogados; cuando la ciudadanía aún se pregunta qué pasó y qué puede pasar, la Fiscalía en lugar de concentrarse en producir los resultados que la gente espera, se dedique a investigar a un diario porque reconstruyó en detalle la cadena de hechos que condujeron a la fuga de Escobar. Sobre todo cuando fue la propia Fiscalía la que informó a la prensa sobre el auto de detención que se profirió contra Escobar por el asesinato de los Moncada y los Galeano.

Volviendo a la norma en cuestión, es preocupante que la ley presuma la responsabilidad de la prensa en supuestos casos de violación sumarial y que pueda sancionarse a periodistas y medios, por el solo hecho de que la información coincida con la que reposa en los expedientes. Y si fue obtenida por esfuerzo propio, por trabajo de reportería e investigación, de fuentes que no son el proceso mismo? Esto no puede saberse sino con la identificación de la fuente. Y a esto no le jala ningún medio que se respete.

Para muchos juristas, la presunción de responsabilidad de la prensa es inconstitucional porque invierte la carga de la prueba y presume la culpabilidad, cuando el artículo 29 de la Constitución establece claramente la presunción de inocencia, mientras no se demuestre la culpabilidad en debido proceso.

Además, la norma del nuevo Código Penal parte de la base de que la fuente de informaciones judiciales es siempre un funcionario o un sujeto procesal, lo cual es absurdo. Qué pasa si una persona presencia un asesinato y denuncia el hecho en la prensa antes de rendir testimonio ante la Justicia? Qué reserva se viola aquí? En fin, mientras se define la constitucionalidad de este peligroso artículo del Código Penal, toca prepararse para la investigación que ha ordenado el señor vicefiscal. Dura lex, sed lex , como lo ha dicho este diario, y habrá que atenerse a los resultados de la investigación.

Lo cual no quiere decir que vaya a perdurar una ley que vulnera el derecho de información. Ni que EL TIEMPO vaya a revelar cuáles fueron las fuentes de los artículos que tanto molestaron al doctor Sintura. Ni que vaya a dejar de publicar informaciones judiciales que considere de interés público.

Suficientes camisas de fuerza legales y judiciales tiene hoy la prensa en Colombia, como para aceptar pasivamente todo nuevo intento por restringir su labor informativa. Bueno es culantro...