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LA LEY CONTRA EL SECUESTRO

En Colombia se cometen el 70 por ciento de los secuestros del mundo, flagelo que golpea, cada cinco horas, a una familia colombiana. Este cáncer, que financia a la subversión, al narcotráfico y a la delincuencia común, no puede curarse con aspirinas, como pretende ahora la Procuraduría, según concepto que rindió sobre la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley antisecuestro. A un delito como el secuestro hay que aplicarle remedios radicales, así resulten incómodos e inconvenientes para algunos. El bienestar de una sociedad no se puede supeditar al bienestar individual y la ley antisecuestro lo que pretende es, ante todo, salvar a la sociedad colombiana de caer en manos de una multimillonaria industria que viola con crueldad extrema los derechos humanos de la víctima y de su familia.

21 de julio 1993 , 12:00 a.m.

Es difícil entender que se diga que una ley contribuye a causar la muerte a los secuestrados. Acaso los victimarios no son los secuestradores? El concepto de la Procuraduría tiene además unas graves omisiones. No menciona que en este año los secuestros se han reducido en un 30 por ciento. Tampoco hace alusión a que aproximadamente el 35 por ciento de los casos de plagio en que se paga rescate, las familias no vuelven a ver a su ser querido. Es más, con gran frecuencia la familia ha tenido que pagar para que le devuelvan el cadáver.

El concepto de inconstitucionalidad de nueve artículos de la ley antisecuestro quiebra la espina dorsal de esta arma tan importante en la lucha contra un delito calificado como atroz por la misma norma. Con preceptos humanitarios que aún no sabemos con claridad a quién benefician lo que se ha tratado de hacer es desvirtuar la primera voz ciudadana, la del pueblo, que clamó por la indefensión en que se encontraba frente a este crimen y respaldó la primera ley por iniciativa popular debatida y aprobada por el Congreso.

Sin embargo, el argumento más grave para la sociedad, que esgrimió la Procuraduría en su concepto es el del derecho inalienable a la vida, por encima incluso de la ley. Ello equivale a decir que para proteger ese derecho el ciudadano puede acudir a cualquier mecanismo de protección. Bajo esos preceptos el país podría regresar a la ley de la selva, pues grupos de justicia privada como Los Pepes , los paramilitares o el viejo MAS, tendrían piso jurídico para existir.

Si ese argumento se lleva a extremos, el reclutamiento militar sería inconstitucional, pues un soldado puede alegar su derecho inalienable a la vida para no aceptar engrosar las filas de las Fuerzas Armadas.

Peligroso concepto, con tremendas repercusiones de las que el país aún no se ha dado cuenta. Respetamos las razones jurídicas que pueda tener el Procurador encargado, pero no las compartimos por cuanto parecen beneficiar más a quienes están al margen de la ley y se lucran de tan nefasto negocio, que a quienes soportan el sufrimiento de un secuestro.

Si el concepto del Procurador (e) Mauricio Echeverri, es desconcertante, lo son todavía más las declaraciones radiales en las que justificó el papel de Higuita en la mediación de un secuestro, sin siquiera mencionar los 50 mil dólares que le dieron de propina por su favor.

De todas maneras, es desalentador ver cómo algunas instituciones se dedican a exprimir e interpretar la normas jurídicas para privar a la sociedad civil de las únicas armas con que cuenta para defenderse del más horrendo de los delitos. No puede ser tan inconveniente una ley que nació con el respaldo de más de un millón de colombianos.