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PRIMERO, EL PARTIDO

No ha salido aún humo blanco del cónclave de compromisarios liberales para establecer las reglas de juego relacionadas con la consulta popular, como procedimiento de selección del candidato liberal a la Presidencia de la República. Mientras tanto, los conservadores están dispuestos a allanar toda clase de inconvenientes para ponerse de acuerdo en el lanzamiento de un solo candidato. Ellos saben que solamente a través de la unión pueden tener posibilidades de acceder al poder. Y todo indica que se unirán alrededor del doctor Andrés Pastrana Arango.

20 de julio 1993 , 12:00 a.m.

El señor ex presidente Turbay ha hecho grandes esfuerzos para que se tome conciencia de la necesidad de ir a la primera vuelta de las elecciones presidenciales unidos, porque si no fuere así la gavilla de minorías a que aludiera el ex presidente López Michelsen, podría sorprender en la segunda vuelta con el triunfo de un candidato distinto del de las mayorías liberales. Eso es posible porque la reforma constitucional de 1991 lo permite. No fueron los voceros del liberalismo en la Asamblea Constituyente suficientemente previsivos y se dejaron meter el gol olímpico de las dos vueltas , en maniobra concertada por los doctores Alvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff. Pero ya es tarde para las lamentaciones y solo una conducta responsable de los precandidatos del liberalismo podría evitar lo que sería un derrota anunciada.

Los precandidatos liberales Samper, Turbay, De la Calle y González, no han puesto peros a los procedimientos de unión. El doctor Parejo tiene reservas y en todo caso exige que la consulta se haga previamente a las parlamentarias. El doctor Lemos elevó un pliego de exigencias de tal naturaleza que se puede interpretar como sus grandes pretextos para ir hasta el final, por fuera de las reglas que adopte el liberalismo. Grave cosa, porque el partido no puede ir con disidencias a la primera vuelta, aunque la de Lemos no sea estimada por los encuestadores de opinión como determinante. Francamente, no nos imaginamos a tan respetable dirigente de nuestra colectividad jugando a la división.

Creemos que un acto de profunda reflexión ponga de acuerdo finalmente a los precandidatos liberales para que la consulta se realice con las elecciones parlamentarias y no aisladamente. En este caso los costos más de 7.000 millones de pesos tendrían que salir del erario público, según la ley de los partidos, asunto de por sí socialmente cuestionable ante el drama que viven los hospitales del país por falta de recursos públicos, por ejemplo. Además, es previsible que en la consulta, separada de las parlamentarias, no haya una gran movilización de las fuerzas liberales, y si los guarismos no fueren electoralmente significativos, el partido proyectaría una imagen negativa, que ante la opinión tendría repercusiones imprevisibles. También la interferencia conservadora sería un factor de perturbación que entrañaría, eventualmente, una grave distorsión de la realidad electoral.

Entonces, el consejo que damos desde nuestro ángulo de observadores políticos, es el de que los compromisarios adopten la regla de la consulta popular coincidente con las elecciones del Congreso. En esta decisión el ex presidente Turbay tiene finalmente la palabra.