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ESPAÑA SÍ VENDERÁ CORBETAS A CHÁVEZ

El presidente de la Dirección de Identificación y Extranjería en Venezuela, Rodrigo Cabezas, aseguró que su despacho se dispone a hacer la solicitud forma a un tribunal para que le sea retirada la nacionalidad venezolana a Rodrigo Granda.

29 de enero 2005 , 12:00 a.m.

El presidente de la Dirección de Identificación y Extranjería en Venezuela, Rodrigo Cabezas, aseguró que su despacho se dispone a hacer la solicitud forma a un tribunal para que le sea retirada la nacionalidad venezolana a Rodrigo Granda.

Cabezas divulgó esta información, que no fue ampliada, durante la interpelación hecha por la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas, al ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro.

En esta misma sesión, García Carneiro reconoció que hace algún tiempo fueron encontrados y desmantelados algunos campamentos del Eln en territorio venezolano, pero no ofreció detalle ni explicación sobre la lista con los nombres de ocho guerrilleros y otras pruebas presentadas por Colombia.

Diputados de la oposición y simpatizantes del gobierno consultados sobre la sesión a puerta cerrada coincidieron en afirmar que "el ministro hizo una exposición detallada de cómo opera la Fuerza Armada en la frontera y a defender el honor militar venezolano".

Por su parte, el presidente del Consejo de Defensa de la Nación, general Melvin López Hidalgo, dijo que hasta ahora no ha visto ninguna otra prueba presentada por el gobierno de Alvaro Uribe sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela. Ni los videos ni los testimonios de los guerrilleros desmovilizados que dieron detalles precisos sobre la ubicación de campamentos y ciertos jefes de la guerrilla colombiana en el país.

En la interpelación, al diputada de Acción Democrática, Dianela Parra, solicitó que se investigue si Rodrigo Granda tenía cuentas en los estatales Banco Industrial de Venezuela y Banfoandes, pues estos podrían ser la "caja menor" de las FARC en Venezuela.

López Hidalgo aseguró que el no otorgamiento de permisos para el libre tránsito entre Colombia y Venezuela "no quiere perjudicar a nadie" y recalcó que el presidente Hugo Chávez endureció su posición hacia Colombia "con mucho dolor".

Por otra parte, el gobierno español confirmó ayer que la visita a Caracas de su Ministro de Defensa, José Bono, tenía como objetivo consolidar un protocolo de acuerdo para una venta de armas españolas al vecino país, y puntualizó que ese objetivo se consiguió.

Y aunque el acuerdo no está totalmente cerrado, el diario ABC informó que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, viajará a la capital venezolana a finales de marzo para sellarlo.

Interrogada por EL TIEMPO acerca del viaje de Bono -calificado de "secreto" por la oposición, y de "discreto" por el Gobierno-, la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo que el ministro de defensa se desplazó a Caracas para "favorecer los intereses nacionales en relación con la industria de defensa".

Y añadió que "es verdad que ha ultimado -porque aún no se ha suscrito- un protocolo de cooperación industrial en materia de defensa, de alto interés económico para los astilleros y empresas aeronáuticas españolas".

Fernández de la Vega subrayó que el propio ministro de Defensa ha pedido comparecer ante el Congreso para "dar cuenta detallada de todos los aspectos de este viaje, que se ha realizado con la necesaria discreción que exigen este tipo de gestiones". Según el ABC, la venta consiste en al menos dos corbetas y un número indeterminado de aviones de transporte militar.

Una fuente de los astilleros españoles Izar confirmó a EL TIEMPO que se han ofrecido a Venezuela corbetas para la vigilancia y protección de su zona marítima exclusiva. Puntualizando que las mismas podrían incluir misiles, si "así lo decide el cliente".

La Vicepresidenta restó importancia al impacto que podría tener esta noticia en el marco de la actual tensión que existe entre Colombia y Venezuela, y a las lecturas incómodas que podrían hacerse a la luz del reciente no del gobierno socialista a una venta de tanques españoles a Colombia, por la supuesta tensión que podrían causar con Venezuela, entre otros factores.

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