Archivo

INDISPENSABLES REGLAMENTACIONES

Saludables advertencias hizo el presidente de la Corte Constitucional, Hernando Herrera Vergara, en la reciente reunión de gobernadores en Leticia en cuanto a la necesidad de reglamentar las acciones de tutela, de cumplimiento de las leyes y las llamadas populares , a que se refieren los artículos 86, 87 y 88 de la Carta Política. De la reglamentación de la acción de tutela ya se ha hablado bastante, pero no así de las otras dos. Como se deduce de los textos constitucionales, se crearon herramientas para que los ciudadanos puedan demandar el cumplimiento de las leyes y de los actos administrativos, así como también para intervenir en la protección de los derechos o intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia , y para definir las responsabilidades por daños ocasionados a un número plural de personas.

13 de julio 1993 , 12:00 a.m.

El ejercicio de esas acciones le permite al ciudadano participar en el manejo de los asuntos públicos en forma directa, pero el legislador debe señalar los procedimientos y las instancias para poner en marcha tan trascendentales atribuciones, pues si se deja a la discrecionalidad el escogimiento de la autoridad judicial, podrían sobrevenir hechos realmente extravagantes como sería en cuanto a la acción consagrada en el Art. 87 de la Carta Política que un juez municipal obligara al Estado a construir obras de carácter nacional decretadas por leyes preexistentes y cuya ejecución comprometería el presupuesto general de la república más allá del año 2000. Ese es uno de los tantos ejemplos que surgen del primer examen de la materia.

Puede preverse ya está ocurriendo con la acción de tutela que tan preciosos instrumentos democráticos sean aprovechados con fines demagógicos. Muchos activistas políticos encontrarán de mayor significación y eficacia que el discurso tradicional, apelar a dichas acciones para crear opinión de base. En este sentido se pueden presentar peligrosos desbordamientos que sería necesario encauzar con el fin de no desprestigiar instituciones creadas para asegurar una mayor democracia de participación.

En fin, para que las referidas acciones sean debidamente ejercidas será indispensable que el legislador establezca adecuados reglamentos, que es lo que entendemos expresó con claridad el presidente de la Corte Constitucional. Porque nada más sensible sería que por el abuso del derecho se pusiera en peligro la supervivencia de normas que el constituyente de 1991 estableció con el mejor de los criterios.