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DELACIÓN CON FINES POLÍTICOS

La mano evidentemente militar que desde hace un año viene luchando por el desenmascaramiento de las bandas paramilitares acaba de guiar a la prensa peruana hacia una fosa clandestina que posiblemente contiene los restos calcinados de diez universitarios desaparecidos el año pasado. La primera denuncia sobre aquellas desapariciones, de 9 alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, circuló a comienzos de este año en volantes de grupos militares clandestinos que se oponen a la comandancia del ejército. En esa oportunidad, se formó una comisión investigadora del Congreso.

10 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La reacción de Nicolás de Bari Hermoza, comandante general del ejército y sindicado por los volantes clandestinos como cómplice de la matanza, fue sacar los tanques a la calle. El presidente Alberto Fujimori dio su apoyo a Hermoza, y las investigaciones se pasmaron.

Pero meses después vino una segunda denuncia, nada menos que del general Rodolfo Robles, el número 3 del Ejército, hoy asilado en Buenos Aires. Robles acusa con nombre propio a Hermoza con base en información de la inteligencia militar.

Desde entonces, fuentes castrenses han ido filtrando a la prensa información pormenorizada acerca de la manera en que se habría realizado la operación contra los universitarios de La Cantuta, una universidad pedagógica considerada un importante foco de senderismo.

Tan detallada fue la información que la aparición de las cuatro fosas en el arenal de una quebrada del pueblo Cieneguilla (situado a 25 kilómetros al Este de Lima), ha producido en la opinión pública una sorpresa muy parecida a una confirmación.

La fosa con restos calcinados en el arenal ya figuraba en una versión sobre los hechos que publicó el semanario Sí hace un par de meses. Pero en esta oportunidad la revista recibió un mapa con el lugar exacto de las fosas.

Filtración intensional El sentido político es claro que la oposición militar está utilizando las infracciones de derechos humanos como un elocuente argumento contra sus rivales dentro y fuera de la institución.

Desde la perspectiva de la evolución del conflicto político peruano --resumible en términos de una lucha entre el autoritarismo y la democracia representativa--, da más o menos igual que los cadáveres calcinados sean de los desaparecidos de La Cantuta o no. El tema de fondo es que el gobierno ha vuelto al banquillo de los acusados en materia de derechos humanos.

Quizá hasta sería peor para el régimen que se llegara a demostrar que los incinerados no son las víctimas de La Cantuta. Pues esto último solo apuntaría a la existencia de una ejecución extrajudicial multitudinaria más en el archipiélago de las víctimas de las bandas asesinas.

El descubrimiento de la fosa evidencia que si bien los encargados por la ley no investigan las desapariciones, hay sectores sumamente informados que lo están haciendo. En este terreno parece que el gobierno peruano está entre dos fuegos: o descubrir los delitos contra los derechos humanos o quedar al descubierto con ellos.