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DEMOCRACIA Y URGENCIAS SOCIALES

El surgimiento de los partidos políticos modernos sirvió para apuntalar la democracia, ya que tendieron a aglutinar los numerosos y dispersos intereses que configuran las sociedades, con el fin de tramitarlos ante el Estado como gobierno o como oposición. Además, sustituyeron la figura personalizada de los notables , propia de los partidos en sociedades atrasadas -jefes naturales se llamaron en Colombia-, como articuladores de la política.

11 de enero 2005 , 12:00 a.m.

El surgimiento de los partidos políticos modernos sirvió para apuntalar la democracia, ya que tendieron a aglutinar los numerosos y dispersos intereses que configuran las sociedades, con el fin de tramitarlos ante el Estado como gobierno o como oposición. Además, sustituyeron la figura personalizada de "los notables", propia de los partidos en sociedades atrasadas -jefes naturales se llamaron en Colombia-, como articuladores de la política.

En las últimas décadas, los partidos políticos en el mundo moderno han experimentado un debilitamiento, que se manifiesta en su fragmentación y sus altos niveles de corrupción. Tal situación ha sido acompañada por el desplazamiento del Estado como eje de la política. La opinión pública ha pasado a ocupar el primer plano en la articulación de los múltiples intereses de la sociedad, lo que ha llevado al fortalecimiento de intereses corporativos y a la preeminencia de intereses individuales. Las frecuentes encuestas de opinión determinan no sólo las decisiones empresariales, sino ante todo las políticas.

El debilitamiento del bipartidismo liberal y conservador comenzó paradójicamente con su modernización a partir del régimen del Frente Nacional, que eliminó la posibilidad de oposición democrática. La vieja matrícula sectaria a uno u otro de los dos partidos fue sustituida por las prácticas clientelistas. Y a medida que el bipartidismo se fragmentó, perdió el interés que despertaba entre los colombianos. En el 2002, este proceso tuvo su punto de inflexión con el triunfo del candidato disidente del Partido Liberal. En ese año, los partidos y movimientos políticos registrados alcanzaban la cifra de 66.

La necesaria aunque insuficiente reforma política del 2003 buscó fortalecer los partidos, pero la reglamentación de varias de sus disposiciones ha sido precaria. Intereses personales han dado la pauta del devenir político. El indispensable estatuto de la oposición no logró ser aprobado, el proyecto sobre el régimen de bancadas está en veremos y el de financiación de campañas y código electoral no tiene suficiente claridad. El escaso umbral del dos por ciento del total de votos genera desconfianza electoral entre el numeroso grupo de jefes políticos, ya que no corresponde al menguado número de electores para cada uno. Este fraccionamiento ha definido la acendrada manera clientelista como han operado los últimos gobiernos y en particular el actual, puesto que ha logrado sostener por dos años y medio una inestable coalición de apoyo, gracias a la frágil magia política articuladora de una opinión pública favorable al Presidente, al menos la de las cinco principales ciudades, cuya población no alcanza el 40 por ciento de la del país.

Aunque hay indicios de acomodos partidistas en razón de las tradicionales posturas de derecha e izquierda, la lectura que se hace de este fenómeno parece ser equivocada. Un eventual fortalecimiento partidista obedece más a necesidades pragmáticas de sobrevivencia política inmediata, que a una futura estabilidad en el sistema de partidos. Este es, tal vez, el máximo aporte que puede hacer a la institucionalidad política la notable y prolongada tradición del superficial régimen democrático del país.

El Presidente fue elegido sobre la base de dar mayor seguridad a los colombianos ante el avance de las Farc y el fracaso del proceso de paz. Pero las notorias mejoras en la seguridad -no todas provocadas por la política del Gobierno Nacional- y la contención que experimenta esta guerrilla por causa de esa política han permitido que la seguridad sea sustituida en las preocupaciones de la opinión pública por problemas sociales como el desempleo y la creciente pobreza. Este hecho plantea un reto difícil de afrontar por el Gobierno, pues además de que no hay garantía alguna para que un pretendido sistema de partidos remozado cumpla su función de soporte indispensable para una efectiva política social, la situación actual no permite abrigar mayores esperanzas.

La política exterior del Gobierno se ha hipotecado con Estados Unidos. Este compromiso no deja mucho margen para que la ayuda de ese país altere la dirección que ha tenido desde los inicios del Plan Colombia. Y tal ayuda militar y policial, mediada por la política estadounidense contra las drogas, es indispensable, si se quiere readecuar y sostener en el tiempo la coyuntural política de seguridad democrática. El pretendido complemento de la ayuda externa con objetivos sociales significativos por parte de la Unión Europea presenta serias dudas, debido en buena parte a las reticencias oficiales a aplicar recomendaciones de Naciones Unidas.

En el plano nacional subsisten problemas estructurales que obstruyen el desarrollo de políticas sociales efectivas: el abultado déficit fiscal potencialmente inmanejable, la enorme deuda del país, el inflado presupuesto de este año, la incapacidad de los políticos de adelantar reformas tributarias estructurales, los insaciables intereses privados de los políticos y sobre todo las tremendas necesidades de la mayoría de la población empobrecida conforman un cuadro nada halageño para las urgencias más apremiantes del país.

Para concluir, la endeble institucionalidad del país, tan necesaria en momentos en que se requieren grandes definiciones políticas, es vulnerada por buena parte de la clase política, con la anuencia del Gobierno Nacional, mediante cambios normativos inconvenientes para la democracia, como el de la reelección inmediata. Además, las publicitadas actividades de los fines de semana del alto gobierno se destinan en especial a la seducción de la opinión pública, a costa de debilitar más la institucionalidad de jerarquías.

Pero, como toda moneda tiene dos caras, la contraparte de la acción desinstitucionalizante de las autoridades se presenta mediante las protestas sociales. El número de estas actividades ha crecido desde el 2002, por encima de la media de los últimos 29 años. Su contenido político creciente muestra que los canales institucionales de expresión de la opinión pública no son fluidos o no tienen la credibilidad suficiente para utilizarlos.

* Sociólogo y politólogo, profesor de la Universidad de los Andes.

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