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GREMIOS PIDEN APLAZAR EL ESTATUTO DE BOGOTÁ

Ocho de los gremios más importantes de Bogotá solicitaron al Presidente aplazar la expedición del Estatuto del Distrito Capital, La carta, cuyos firmantes están encabezados por el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda y por la Cámara de Comercio de Bogotá, recuerda las difíciles condiciones financieras en que se encuentra el Distrito.

10 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La carta, que se produjo al mismo tiempo que una de los comunales y de la CUT y otra de la Asociación de Ediles, propone también que además de los concejales señalados por la ley actual haya uno por cada una de las veinte localidades en que está dividida la ciudad.

Posponer la expedición del estatuto de Bogotá, a fin de que haya una mayor participación de la ciudadanía en la discusión del proyecto de decreto ley, pidieron ocho gremios líderes de Bogotá al Presidente de la República. Los gremios solicitan ser escuchados por los viceministros de Gobierno y Hacienda, Jorge García y Héctor Cadena, delegados presidenciales para el estudio del proyecto de estatuto, y por los senadores, representantes y concejales que participan en la redacción del anteproyecto.

Al mismo tiempo la Federación Comunal de Bogotá, la Central Unitaria de Tarbajadores (CUT) y las Asociaciones de Padres de Familia, anunciaron que harán un proyecto alternativo que refleje el espíritu pluralista, democrático y participativo de la Constitución Política .

A su turno la Asociación de Ediles le solicita al Presidente de la República tener en cuenta propuestas como la de que la autonomía de las localidades llegue hasta el punto de que cada una disponga de su propia tesorería. El documento de los gremios, entregado por la Cámara de Comercio de Bogotá, propone establecer una sobretasa a los teléfonos, como una forma de compensar a Bogotá el hecho de que es la ciudad que financia la cobertura nacional de Telecom y es la fuente principal de transferencia de utilidades que esa empresa ha hecho al presupuesto nacional .

Otra iniciativa de este mensaje es la de que se elija un concejal más aparte de los señalados en la ley por cada una de las localidades.

La carta que hace hincapié en la existencia de agudas condiciones de pobreza y destaca la irracionalidad del tráfico, está firmada por Enrique Peñaloza Londoño, presidente del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAVI); Luis Eduardo Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC); Clemencia Parra Rodríguez, presidente ejecutivo de Fedelonjas; Juan Augustín Carrizosa, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz; Guillermo Fernández de Soto, presidente de la Cámara de Comercio; Mauricio Dever Uribe, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional; Fernando Bernal Escobar, gerente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), seccional Bogotá; y Bernardo Bonilla Parra, gerente de la Cámara de Propiedad Raíz.

Entre las principales propuestas de los gremios están las siguientes: Entendiendo la preocupación del alcalde mayor por encontrar en la valorización unos recursos de recaudación eficiente , consideran que no es práctico ni benéfico insistir en una sola alternativa, cuando la ciudad requiere con urgencia otra gama de recursos que garanticen una solución, más eficiente y de largo plazo al problema financiero, a través del nuevo estatuto para Bogotá. .

Fórmula En consecuencia sugieren intensificar la actualización catastral, reactivar la valorización por beneficio local, abandonada en Bogotá por falta de voluntad política; establecer una sobretasa a la gasolina, que serviría de eventual desestímulo al uso del automóvil, para evitar el colapso del tráfico; y la sobretasa a los teléfonos. Sugieren mantener la centralización de las obras prioritarias, con veeduría desde las localidades, y establecer que el 20 por ciento de lo producido por cada localidad como impuesto predial, sea destinado a obras en dicha zona .

No comparten la posibilidad de que a mediados del presente decenio, se llegue a transferir el 41 por ciento del presupuesto del sector central hacia las localidades, pues eso sería la atomización del gasto y de la vigilancia. El porcentaje no debe ser en ningun caso, superior al 20 por ciento.

Debe, dicen los gremios, eliminarse un artículo del proyecto retocado por la Cámara, donde se autoriza celebrar los contratos con las organizaciones cívicas sin sujeción a requisitos de los que la ley exige para los contratos con los particulares, pues eso sería abrir una compuerta a la corrupción. Los gremios dicen lamentar que en el proyecto de estatuto aprobado por la Cámara no haya visión de planeación a largo plazo y agregan que el estatuto debe ofrecer condiciones favorables a la creación de riqueza y generación de empleo.