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SE ACABARÁ EL CRÉDITO DE LARGO PLAZO

Tradicionalmente, cada vez que se celebra un aniversario de la creación del Sistema de Valor Constante se escriben numerosas páginas exaltando las virtudes de su contribución, a través de los años, al desarrollo nacional. Seguidamente, se aproximan diagnósticos acerca del agotamiento de esta estrategia y se procede a implementar toda suerte de modificaciones a su estructura de funcionamiento, para atender circunstancias coyunturales de política económica, que desnaturalizan sus características esenciales y debilitan su capacidad operativa.

10 de julio 1993 , 12:00 a.m.

Esta vez, la celebración de la mayoría de edad de la Upac ha coincidido con los tiempos del revolcón y del apagón. Como ha sido característico de algunas de las reformas implementadas para la apertura, estas se hacen sin medir ni evaluar ningún tipo de los efectos, ni las profundas implicaciones económicas, sociales y políticas que supone hacer cambios estructurales.

En el campo que nos ocupa, se vienen implementando las medidas respectivas para la virtual desnaturalización del Sistema de Valor Constante, cuyos resultados y beneficios para el país ya casi nadie cuestiona, hasta el punto que el sistema ha sido reconocido e imitado internacionalmente.

La administración Gaviria ha permitido que los bancos presten a largo plazo, las CAV otorguen crédito de consumo, las corporaciones financieras capten a la vista y, en general, que los intermediarios financieros operen en todos los mercados, desde el manejo de divisas hasta la financiación del déficit fiscal.

Este singular diseño del sistema financiero, quedó establecido con las recientes medidas expedidas por el Congreso por iniciativa del Gobierno. Dichas medidas no permiten estructurar adecuadamente una reforma al sistema financiero que garantice la eficiencia en materia de asignación de recursos, fomente la cultura del ahorro y funcione en condiciones de competencia.

A pesar de que la Ley 35 de 1993 y algunos de los decretos recientemente expedidos, buscan corregir los ostensibles desequilibrios entre bancos y CAV, estas medidas han eliminado en la práctica el lugar prioritario que se le daba al sistema Upac en la estrategia de vivienda en el país.

La importancia macroeconómica de la vivienda no se podrá visualizar a través de un soporte financiero especializado y cuando entremos en coyunturas de escasez de recursos, los constructores sentirán en su verdadera dimensión la nueva etapa en que ha ingresado el Sistema de Valor Constante.

Las reformas afectaron la espina dorsal del sistema; la correción monetaria y el ahorro se irá a indexar cada vez más por la tasa de interés o tasa de captación del mercado que por el nivel general de precios. Las CAV quedaron igualmente facultadas para realizar créditos para inversión, sin importar el tipo de garantía hipotecaria y realizar préstamos para todo tipo de consumo, con o sin garantía hipotecaria.

El nuevo Upac, en la búsqueda de la complementariedad-competitiva, se parecerá cada vez más a un intermediario financiero convencional que a un sistema especializado de captación de ahorro para destinarlo a la vivienda y el desarrollo urbano.

En síntesis, cuando la construcción desarrolla uno de sus aportes más importantes al crecimiento del país, las autoridades monetarias han emprendido en firme el desmonte del sistema Upac como crédito especializado de la construcción.

Son conocidas las ventajas económicas que para el sistema financiero tienen los créditos de corto plazo, con lo cual se puede esperar que más temprano que tarde, estemos frente a una desviación de los recursos con los que contaba tradicionalmente el sector de la construcción, hacia otros sectores. Las CAV seguramente continuarán durante varios años financiando la vivienda en el país, pero es de esperarse que lo hagan cada vez con un menor énfasis.

La arremetida contra el papel del Upac como crédito especializado y muy especial contra la importancia macroeconómica de la construcción, se hizo desde varios frentes. En todos ellos se constata que sin el respaldo de una conceptualización teórica adecuada y sustentado en una interpretación limitada de un ejercicio econométrico y de unas pocas cifras sectoriales, se pretende apresuradamente sustraerle en la práctica, al sector de la construcción y al país, el instrumento más efectivo que se haya diseñado para anular los efectos perversos de la inflación, sobre los procesos de ahorro-inversión que financian la construcción y desencadenan acciones de desarrollo y crecimiento económico.

De diverso orden fueron los argumentos que se esgrimieron para justificar la reestructuración del sistema. En general, fueron de orden macroeconómico, con un análisis muy al paso de sus implicaciones microeconómico-financieras y económico-sociales. Por tal motivo, se hace necesario analizar desde varios frentes, hasta qué punto se sostienen las premisas centrales utilizadas, y examinar cuáles serán las principales consecuencias a corto y largo plazo, para el sector de la construcción y para el país en general, de esta faceta del esquema de modernización de la economía nacional. Tomado de la revista Camacol No. 54