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EL CONCEJO PODRÁ FIJAR LOS TRIBUTOS

El Concejo del Distrito Capital será facultado, en el Estatuto de Bogotá, para fijar impuestos y contribuciones. Conforme a un principio de acuerdo logrado en la comisión integrada por el Gobierno nacional, los parlamentarios ponentes del proyecto en Senado y Cámara y las directivas del Concejo, que está redactando el proyecto de estatuto que será expedido por el presidente Cesar Gaviria, el Concejo podrá, por ejemplo, gravar los moteles y las maquinitas de juego, disponer el cobro de la sobretasa a la gasolina y decidir sobre valorización y así por el estilo.

09 de julio 1993 , 12:00 a.m.

Según dijo la presidenta del Concejo, Martha Luna, la comisión acordó ayer que a partir de enero de 1995, el Alcalde Mayor de Bogotá ganará el mismo salario de un ministro de Estado. Luna dijo que en cuanto al gravamen de valorización ya aprobado por el Concejo, cobrarlo o no, es una decisión que está ya en manos del Alcalde Mayor. El estatuto no tocará ese tema, pues se trata de darle autonomía a Bogotá en el manejo fiscal.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo, Fernando Tamayo, dijo que la autonomía que se concede a Bogotá obedece a una decisión del Gobierno nacional que quiere otorgar esa misma autonomía a las capitales y a los distritos.

El Concejo tendrá también facultades para darle estructura a la administración del Distrito.

El personal de las revisorías fiscales deberá ser asumido por la respectiva empresa, en el sector de control interno.

En la comisión están participando el alcalde Castro, los viceministros de Gobierno, Jorge García, y de Hacienda, Héctor Cadena; dos representantes del Departamento Nacional de Planeación, varios congresistas y concejales.

El senador Rafael Amador se retiró por considerar que el Congreso puede modificar el estatuto que dicte el Presidente de la República.

A su turno el representante Jaime Arias, presidente del directorio nacional conservador llamado línea Tequendama, pidió una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan si se cobra o no la valorización por beneficio general.