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PROGRAMA CONTRA EL SIDA

El ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta, presentó ayer al Consejo Nacional de Política Social (Conpes) un documento integrado que contiene las estrategias, los costos y el financiamiento del programa de lucha contra el sida. Prevención del sida, educación, servicios médicos, vigilancia epidemiológica e investigación, así como las responsabilidades económicas compartidas entre la cartera de Salud y las entidades territoriales, son algunos de los componentes de este trabajo presentado por Londoño de la Cuesta.

07 de julio 1993 , 12:00 a.m.

La cartera de Salud busca darle un nuevo enfoque al programa de lucha contra el sida, toda vez que la epidemia avanza a grandes pasos y de no controlarse, podría convertirse en un importante problema de salud pública.

Si se tiene en cuenta el porcentaje de subregistro estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países en desarrollo, Colombia tendría entre 10 mil y 12 mil casos de sida y de 100 mil a 120 mil individuos infectados por el VIH.

Uno de los objetivos del Ministerio es iniciar una gran campaña de prevención y de información sobre las condiciones que colocan a la gente bajo el riesgo de adquirir o diseminar el virus.

De acuerdo con la fuente, el plan se desarrollará en dos etapas: la primera abarca los años 1993-1994, presenta una estrategia de prevención inicial en Bogotá, Antioquia, Atlantico Santander, San Andrés, Valle, Quindío, Bolívar, Caldas, y Risaralda. El Ministerio aportaría un total de 1.600 millones de pesos y las entidades territoriales 1.010 millones de pesos, para un total de 2.610 millones de inversión.

En la segunda se incluirán los departamentos restantes; el total de la inversión sera de $3.788 500.000.

Además, el Ministerio pedirá que se desarrolle una tarea conjunta entre la Consejería Presidencial para la Infancia, la Mujer y la Familia, los ministerios de Salud y de Educación, así como con el Instituto de Bienestar Familiar para que coordinen acciones que contribuyan a la prevención de la infección.

Igualmente, la propuesta involucra a los ministerios de Justicia, para la atención de la población carcelaria; Trabajo, para preservar el derecho laboral de las personas infectadas; y a la Defensoría del Pueblo, para que garantice la defensa de los derechos humanos de estas personas.