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ULTIMÁTUM A 600 VENDEDORES EN VILLAVO

Con miras a solucionar en parte la invasión del espacio público en el centro de Villavo, la alcaldía de esa capital le dio ayer un ultimátum a más de 600 vendedores de las plazas San Isidro y Siete de Agosto para que se trasladen a la parte minorista de la Central de Abastos.

19 de enero 2005 , 12:00 a.m.

Con miras a solucionar en parte la invasión del espacio público en el centro de Villavo, la alcaldía de esa capital le dio ayer un ultimátum a más de 600 vendedores de las plazas San Isidro y Siete de Agosto para que se trasladen a la parte minorista de la Central de Abastos.

La medida se conoció a través de un decreto en el que se fija un plazo de 10 días para que dichos comerciantes se acojan al traslado voluntario, so pena de ser desalojados por la Fuerza Pública.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio (Eduv), William Cubillos, señaló que confía plenamente en que se produzca un traslado pacifico y que no haya necesidad de la fuerza, que sería usada en cualquier momento a partir del sábado 29 de enero. Precisó, además, que esa fecha es inmodificable.

El traslado de las plazas, principalmente la de San Isidro, en pleno corazón de Villavicencio, fue ordenada a través de una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Meta a comienzos del año 2002 y solo hasta ahora comienza a hacerse efectiva.

Según el gobierno municipal, con la salida de las dos plazas, principalmente la de San Isidro, se solucionaría en más de un 50 por ciento el problema de invasión del espacio público en el centro de Villavicencio, principalmente la que provocan los vendedores de frutas y comidas rápidas.

No obstante, Cubillos puntualizó que cerca de un 20 por ciento de los comerciantes está de acuerdo con la medida.

"Los vendedores deben ser concientes de que la administración no va a dar un paso atrás en la decisión adoptada", dijo el funcionario.

Cubillos es quien tiene a su cargo el traslado voluntario. En caso de ser necesario el uso de la fuerza, será la Secretaría de Gobierno la que entre a terciar.

El decreto establece que en caso de tener que usar métodos coercitivos, los alimentos perecederos que no sean reclamados por sus propietarios serán entregados a hogares de asistencia social.

Igualmente, dice que una vez reubicados los comerciantes, estos tendrán un mes para aparecer en sus nuevos sitios de trabajo. De lo contrario perderán su derecho al puesto.

Por su parte, gran parte de los comerciantes de las dos plazas se mostraron reacios a irse de los sitios en los que se encuentran y sostienen que un cambio a la parte minorista de la Central de Abastos les significa un gran riesgo.

"No estamos convencidos de que allí nos vaya a ir bien", dijo el presidente del sindicato de comerciantes de la plaza Siete de Agosto, Agustín Santiago.

FOTO/Hernando Herrera EL TIEMPO.

El próximo 28 de enero vence el plazo para que los comerciantes se trasladen a la parte minorista de la Central de Abastos.

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