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PARAS : EL AÑO DE LA VERDAD

Con los 925 hombres que el martes entregaron sus armas en Córdoba, cuna de las autodefensas, los paramilitares desmovilizados rondan los 4.500, cifra que el Gobierno considera un inmenso paso hacia la paz y una muestra de la solidez de su proceso con las autodefensas. Lo cierto, empero, es que la verdadera negociación apenas empieza. Y no será nada fácil.

20 de enero 2005 , 12:00 a.m.

Con los 925 hombres que el martes entregaron sus armas en Córdoba, cuna de las autodefensas, los paramilitares desmovilizados rondan los 4.500, cifra que el Gobierno considera un inmenso paso hacia la paz y una muestra de la solidez de su proceso con las autodefensas. Lo cierto, empero, es que la verdadera negociación apenas empieza. Y no será nada fácil.

La cifra, ciertamente, impacta. Seis frentes de las Auc (siete, contando al Cacique Nutibara, de Medellín, que se desmovilizó en noviembre del 2003), entre ellos el pulmón cocalero del Catatumbo, y el centro histórico, Córdoba. Cuatro mil 585 desmovilizados. Más de 2.000 fusiles y otras tantas armas entregados. Si se concretan las otras desmovilizaciones que se anuncian, los desarmados podrían bordear los 6.000.

La política del Alto Comisionado, de hacer camino al andar e ir produciendo hechos que generen credibilidad en el proceso, ha dado cierto resultado. Como lo señaló en su discurso en Córdoba, parte importante de la opinión cree en su viabilidad. Pero de allí a concluir, como también afirmó, que las cosas se están haciendo bien, hay un gran trecho. Ni una sola de esas desmovilizaciones ha despejado los grandes interrogantes que pesan sobre esta negociación. Y este año habrá que hacerlo.

Los jefes paramilitares han asumido una posición de fuerza. Han hecho pública su aspiración a conformar un movimiento político y reclaman garantías. Afirman que no deben esperarse más desmovilizaciones importantes, aparte de las acordadas, hasta que el proceso cuente con un marco jurídico. Llegaron incluso, por boca de Iván Roberto Duque ( Ernesto Báez ), a demandar un referendo sobre la cuestión -demanda oportunamente rechazada por el Gobierno-. Y han afirmado con toda claridad que, a lo sumo, estarían dispuestos a pagar, por sus múltiples y horrendos crímenes, penas simbólicas, fuera de establecimientos carcelarios y a hacer solo gestos formales de reparación a sus víctimas. Posición de esperar. Pero que plantea al Gobierno serios retos.

El primero es llegar pronto a una ley de verdad, justicia y reparación adecuada. No hay aún acuerdo entre el Gobierno y el proyecto, de amplio consenso, del grupo liderado por el senador Rafael Pardo (que no por Wilson Borja, como insiste Báez ), ni está claro si habrá sesiones extras en el Congreso en febrero para discutirlo. Sin entrar en los detalles, es un hecho que el contenido de esa ley será la respuesta al delicado balance de hasta dónde se puede llegar para lograr esta desmovilización y si esta será o no el fin del paramilitarismo, sin impunidad. Preocupa que el Gobierno haya mostrado síntomas de lentitud o escaso interés en su rápido trámite.

La ONG de derechos humanos Human Rights Watch criticó duramente la posición oficial y ha solicitado a los donantes internacionales que se reúnen a comienzos de febrero en Cartagena que toda ayuda se condicione a la aprobación e implementación de una ley que establezca rigurosos criterios de verdad, justicia y reparación. La Unión Europea, que muestra intenciones de asumir una participación más activa, ha dicho lo mismo. Y, pese a su cercanía al presidente Uribe, también los Estados Unidos. En este marco, es poco afortunado que el ministro Sabas Pretelt salga a descalificar a Human Rights Watch comparándola con la ONG danesa Rebelión.

Pero hay más. Preocupa la gran debilidad de la misión de verificación de la OEA, que sigue sin financiamiento ni personal suficientes. La desmovilización se hace a las apuradas, sin que los mecanismos judiciales del Estado logren más que una revisión de archivo sobre los desmovilizados. El esquema de reinserción a la vida civil, que los atiende de manera individual, compite en desventaja con las presiones para retomar las armas que muchos de ellos ya sufren de parte de narcos y otras mafias. El tema clave del desmonte del narcotráfico (y la extradición) sigue ausente.

Dos años y siete desmovilizaciones después de iniciados los diálogos con las Auc, con los paras radicalizados y dispuestos a mantener en la legalidad el inmenso poder que lograron con las armas, con el Gobierno preso entre la meta de desmovilizarlos antes de fin de año y la necesidad de convencer a los escépticos nacionales e internacionales de que no habrá impunidad, lo que está en realidad sobre la mesa es que la verdadera negociación -la que determine si este proceso será el fin del paramilitarismo o su reencarnación- apenas va a comenzar. Y de cómo termine puede depender la propia reelección del presidente Uribe.

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