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EN ENTREDICHO ALCALDE DE CAPARRAPÍ

El pasado 22 de diciembre, Guillermo León Ordóñez asumió el cargo de alcalde de Caparrapí, luego de ganar los comicios efectuados el 14 de noviembre de 2004, inscrito por el movimiento de Integración Regional.

15 de enero 2005 , 12:00 a.m.

El pasado 22 de diciembre, Guillermo León Ordóñez asumió el cargo de alcalde de Caparrapí, luego de ganar los comicios efectuados el 14 de noviembre de 2004, inscrito por el movimiento de Integración Regional.

Pero todo parece indicar que los 1.706 electores que lo respaldaron en las urnas fueron asaltados en su buena fe, debido a que el nuevo gobernante guarda en su hoja de vida un lunar que tal vez desconocían y ahora pone en entredicho su continuidad como primer mandatario local.

Resulta que en el año 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá condenó a León a pagar cinco años de prisión luego de hallarlo responsable de dos delitos: peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento, es decir, de apropiarse de dineros del erario público mientras trabajaba como funcionario de la Inspección Departamental de Tránsito de Chía.

Entre los meses de abril y octubre de 1991 Ordóñez adulteró el contenido de los recibos de los impuestos y se apoderó de dineros, que por su carácter de funcionario público, manejaba y custodiaba . Según la sentencia, León Ordóñez adulteró más de 500 copias de recibos, y modificó el valor real pagado por los contribuyentes.

Por lo anterior, Ordóñez no podría ser alcalde ya que según el régimen de inhabilidades consignado en la ley 617 de 2000, y con base en conceptos del Consejo Nacional Electoral, no puede ser asumir este cargo quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad.

Adicionalmente, el Código Disciplinario Unico contempla que están inhabilitados para ejercer cargos públicos las personas que hayan sido condenados a una pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, o si han sido declarados responsables desde el punto de vista fiscal.

Ni de esto último se libra la hoja de vida de León, quien también fue cobijado por un fallo de responsabilidad fiscal en 1996 por esos mismos hechos, que fue ejecutoriado por la Contraloría en 1999 y que obligó a pagar a León Ordóñez 105 millones de pesos.

El Semanario trató de hablar detalladamente del caso con León, pero este se limitó a decir que ya había pagado, y por consiguiente podía posesionarse.

Ese pago fue confirmado por el Contralor de Cundinamarca, Juan Carlos Medina, quien agregó que León canceló esa suma el 21 de diciembre, un día antes de su posesión. Lastimosamente, a pesar de que se descubre una falta, si la persona responsable logra resarcir el dinero que sustrajo al erario público, puede asumir el cargo , dijo Medina.

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