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UNA DESTITUCIÓN

La Veeduría, una de las instituciones producto de la fecundidad de la Asamblea Constituyente, tiene en principio atribuciones que acogió con agrado la opinión. Infortunadamente, cualquier fiscalización en el destino de los dineros públicos se ha convertido en el país casi que en función prioritaria. No ha sido entonces sorprendente que las actuaciones y opiniones de la persona designada para ese despacho por el Presidente, el doctor Jorge García Hurtado, hayan despertado tanta controversia. Un despacho como el suyo se ocupa de intereses y se adentra en manejos en extremo delicados que por fuerza tienen que provocar reacciones divergentes. Lo difícil de apreciar, como sucede ahora que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la destitución del Veedor, es si éste ha procedido con desacierto y ha extralimitado sus funciones, o si, como lo afirma el doctor García, se ha llegado a esa determinación porque sus investigaciones lesionaron intereses de los mismos congr

03 de julio 1993 , 12:00 a.m.

A tal claridad debe llegarse luego de que el Veedor agote mecanismos superiores de apelación. La división de opiniones en el Congreso y en el mismo Consejo señala que no existe unanimidad al respecto. Por lo pronto hay entonces aquí un asunto jurídico. La ley es, en último término, la llamada a poner punto final a este tipo de perplejidades. Pero hay también y ese punto de vista no debe descuidarse un trasfondo político, por cuanto lo que está en juego es la utilización correcta de los recursos estatales. Aquí la opinión debe estar vigilante. Ni la batalla contra la corrupción ni la otra contra el desconocimiento de la ley, son abstractas.