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117 municipios ‘ahogados’ por los bonos de agua

Para entidades territoriales, los bonos eran la única forma de lograr créditos de largo plazo. Ahora se muestran arrepentidas y, en algunas, las obras no se terminan.

12 de febrero 2014 , 11:24 p.m.

Ante el agobio financiero de 117 municipios por deudas para financiar sus acueductos –cuyos recursos se consiguieron emitiendo los llamados ‘bonos de agua’– la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda está planteando salidas.

Los municipios que obtuvieron estos créditos deben hoy 440.000 millones de pesos, recursos que, en buena medida, son parte de las pensiones de los colombianos (los fondos de pensiones tienen la mayoría de bonos).

El mecanismo de los bonos se diseñó para brindar acceso al crédito de largo plazo a municipios que de otra manera no tenían forma de obtener recursos para el acueducto.

Cada alcalde, tras la aprobación de su concejo, tomaba la deuda para la cual autorizaba al Viceministerio de Agua a que la mayor parte de los recursos de las transferencias que la Nación le debía girar por el componente de agua se los pasara directamente al patrimonio autónomo conformado con los recursos recogidos con los bonos.

La estructura del negocio, en el que se pactaron intereses entre 11 y 17 por ciento, contó con la venia de la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Agua.

En este sistema, las deudas adquiridas no se pueden prepagar; no es posible reestrucurarlas y tienen vigencia de 19 años.

El municipio de Bello (Antioquia), por ejemplo, adquirió deuda por 28.112 millones de pesos, con el compromiso de entregar el 80 por ciento de sus transferencias para amortizar el crédito.

A la llegada de nuevos alcaldes, muchos protestaron porque la deuda en la actualidad, con las bajas tasas de interés que hay en el mercado, resulta demasiado onerosa.

Peor aún, muchas entidades territoriales no culminaron las obras o los recursos que recibieron por el crédito no les alcanzaron.

El Ministerio de Vivienda, en un informe del 2012, sobre el tema, señala que hay 40 municipios considerados como críticos.

“San Carlos (Córdoba) interpuso acción de nulidad contra los actos administrativos que autorizaron la adquisición del crédito. Los recursos se ejecutaron en compra de bienes inmuebles de la zona rural y están abandonados”, expresa el informe.

Valledupar acudió a los jueces para que le permitan utilizar una medida cautelar que impida que le giren su plata a la fiduciaria.

El Gobierno, a través de la dirección de Apoyo Fiscal (DAF), y la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), está proponiendo “a los tenedores de bonos que los recojan y, a cambio, les entregamos la plata, la cual será puesta por Findeter. Es un cambio de fondeo. La entidad territorial le va a quedar debiendo a Findeter, a un menor interés, y no a la fiduciaria”, señala Ana Lucía Villa, directora de la DAF.

Agrega que “es una oportunidad para los tenedores de los bonos, porque estos (los bonos) tienen dificultades de liquidez, alto riesgo político, pues los alcaldes de ahora no fueron los que recibieron esa deuda y están descontentos. Adelantan acciones judiciales contra ese tipo de figura. Mi responsabilidad es el saneamiento fiscal de los territorios”.

La decisión final está –en parte– en manos de los tenedores, que ya citaron a una asamblea, reprogramada para la próxima semana, pues al parecer no les sonó la propuesta del Gobierno de darles solo el 90 por ciento del valor de los bonos.