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Corte frena licitación de la Autopista de la Prosperidad

El organismo tomó la decisión al revisar una tutela interpuesta por el Invías.

03 de febrero 2014 , 09:03 p.m.

En una decisión poco usual, una sala de revisión de la Corte Constitucional suspendió la polémica licitación de la llamada Autopista para la Prosperidad en el Magdalena, tasada en $466.900 millones, y que tiene en juicio disciplinario al gobernador Luis Miguel Cotes.

Así se lee en un auto cuya ponencia es del magistrado Gabriel Mendoza Martelo, quien ordena frenar la licitación que ganó el consorcio Ribera Este y que fue entregada por el departamento el 12 de agosto del 2013, hasta que el alto tribunal tome una decisión de fondo.

“Esto lo justifica la existencia de un trámite licitatorio que se estima salpicado de eventuales irregularidades, advertidas por un ente de control, donde aún se cuestiona el saneamiento de las mismas”, señala el auto.

La Corte tomó esta decisión al revisar una tutela interpuesta por el Invías contra la licitación, que falló en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá y que concluyó que esa justicia, la penal, no es la jurisdicción para intervenir en este caso, sino que es el contencioso administrativo (juzgados administrativos, tribunales administrativos o el Consejo de Estado) el que dirima el caso.

Cabe recordar que el Invías y el mismo presidente Juan Manuel Santos le solicitaron al gobernador Luis Miguel Cotes no adjudicar la licitación debido a que había presuntas irregularidades en el proceso.

Este auto se conoció en pleno juicio disciplinario contra el mandatario local, quien está siendo investigado porque, entre otros, los avisos de convocatorias se publicaron fuera del término legal, en el acto de apertura del proceso de selección no se publicaron los estudios previos y estos fueron modificados sustancialmente con posterioridad.

Básicamente, la Procuraduría señala que Cotes actuó con “desconocimiento del principio de responsabilidad” y “contravino los principios contractuales”, lo que es considerado una falta gravísima por el Ministerio Público.

En el juicio no solo responden Cotes, sino su secretario privado, el gerente del proyecto y la asesora jurídica externa que fue contratada exclusivamente para elaborar los pliegos para la licitación.

Llama la atención que la Corte solicitó a la delegada para la Vigilancia de la Función Pública enviar las conclusiones del informe con las presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación, “particularmente la ateniente al cumplimiento o no de las recomendaciones u observaciones que se le formularon al departamento del Magdalena en dicho asunto”.