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Dos litigios con componentes ambientales afectan relaciones entre vecinos en Suramérica

La amenaza de Ecuador de acudir ante la justicia internacional por las fumigaciones en Colombia sigue al conflicto de Argentina con Uruguay, por la construcción de dos papeleras en la frontera.

29 de enero 2007 , 12:00 a.m.

En ambos conflictos hay dos componentes comunes: lo ambiental y lo político.

Y aunque Rafael Correa sostiene que las fumigaciones en Colombia afectan a campesinos que viven en la frontera, las motivaciones políticas no parecen ausentes.

La orientación ideológica del nuevo gobierno ecuatoriano, o las más urgentes necesidades del Presidente en el frente interno (mostrar resultados que le ayuden a enfrentar al Congreso en temas como la convocatoria a una referendo para el 18 de marzo), no se descartan para sustentar la amenaza de ir a La Haya.

Algo similar ocurrió en el conflicto argentino-uruguayo. A mediados del 2005, cuando Uruguay, en el marco de la Comisión Binacional de control del Río Uruguay, comunicó la decisión de iniciar las obras de las dos plantas.

En la ciudad argentina de Gualeguaychú, fronteriza con Fray Bentos (donde se construyen las cuestionadas plantas), miles de vecinos iniciaron las protestas, cortando la ruta binacional, vital para la economía uruguaya. El Gobierno se vio desbordado y Néstor Kirchner decidió aprovechar la crisis.

Conflicto en crecimiento

No sólo dejando hacer, sino organizando un acto popular en esa ciudad con un discurso cargado de amenazas para su hasta entonces "amigo" y colega uruguayo, Tabaré Vázquez, en mayo último.

En junio, Argentina recurrió a La Haya para denunciar que Uruguay había violado los tratados persistentes, y reclamó que se frenaran las obras. Un mes después, sufrió una derrota: 14 de los 15 jueces de alto tribunal internacional rechazaron su pedido.

Los vecinos de Gualeguaychú, quienes alegan que las papeleras contaminarán el río a lo largo de la región, volvieron a los cortes de ruta.

En diciembre, Montevideo pidió ante La Haya que el gobierno argentino, que siempre se negó a reprimir las protestas, frene los cortes porque afectan a su "industria, economía y turismo".

También por 14 a 1 y con un fallo similar al que lo había favorecido en julio, la semana pasada el tribunal argumentó que Uruguay no había demostrado plenamente los posibles riesgos de esas protestas.

Tras casi 18 meses de enfrentamiento, ninguno de los dos gobiernos parece dispuesto a la negociación. Ahora, el conflicto está lejos de definirse (tardará varios años, según expertos) y termina por vaciar los grandilocuentes discursos presidenciales por la integración.

El reclamo argentino a Uruguay

En el 2002, Uruguay autoriza construir dos papeleras en Fray Bentos, vecina de Gualeguaychú.

En el 2005, Buenos Aires exige suspender su construcción, por lo que considera un negativo impacto ambiental y porque, afirma, Montevideo violó el Estatuto del río Uruguay, que establece la necesidad de informar sobre cualquier obra fronteriza.

Ante la negativa uruguaya, grupos de ambientalistas de Gualeguaychú realizan en enero del 2006 el primero de varios cortes de caminos fronterizos.

Después de negociaciones infructuosas, Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Buenos Aires pide la suspensión de las obras, solicitud que le es negada.

En enero del 2007, La Haya niega a Uruguay una demanda que pretendía poner fin a los bloqueos argentinos. La Corte Internacional aún no determina si Montevideo violó o no el Estatuto del río Uruguay.

La protesta de Ecuador a Colombia

En el 2001, después de años de debate en Colombia sobre el uso de glifosato para combatir los cultivos de coca, Ecuador comienza a mostrar su preocupación por los efectos de las fumigaciones en la frontera.

En el 2003, se crea una comisión binacional para analizar el tema.

En el 2005, Quito exige a Bogotá suspender las aspersiones hasta que se comprueben los efectos del glifosato sobre el medio ambiente y la salud humana. Meses más tarde, pide que se respete una franja de 10 km desde la frontera para realizar las fumigaciones.

En enero del 2006, Colombia suspende "temporalmente" las fumigaciones, para aplicar un programa de erradicación manual de cultivos de coca.

En diciembre del 2006, Bogotá reanuda su programa de aspersiones de glifosato, lo que es visto por Quito como una decisión "inamistosa y hostil". El presidente Rafael Correa anuncia que su país demandará a Colombia ante La Haya.

JOSÉ VALES PARA
PARA EL TIEMPO
DESDE BUENOS AIRES