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Sin tapujos

En medio de la confesión de Mancuso, se produce la decisión estatal histórica a favor de la verdad: levantar la reserva a las confesiones de los paramilitares.

22 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Salvatore Mancuso fruncía el ceño, en señal de disgusto, cada vez que el fiscal octavo de la Unidad de Justicia y Paz, Álvaro Vivas Botero, lo interrumpía para pedirle precisiones sobre episodios de la confesión que estaba haciendo. Era evidente que al jefe paramilitar le costaba trabajo apartarse de la lectura de los archivos del computador portátil en el que, asesorado por sus abogados, escribió su versión sobre 336 crímenes que estaba dispuesto a reconocer.

"Es un libreto incompleto", comentaban en un salón del Palacio Judicial de La Alpujarra, en Medellín, representantes de la organización Redepaz. "Escribámosle un mensaje a ver si al menos menciona a nuestros 200 muertos", agregó una líder de la ONG Madres de La Candelaria. En la calle -donde permanecían por falta de cupo en el salón donde podía seguirse la audiencia a través de un circuito cerrado de televisión-delegados de las víctimas del Catatumbo permanecían atentos a los recesos para conocer los pormenores de lo que estaba diciendo el jefe paramilitar que tuvo en esa región uno de sus principales puntos de influencia.

En Cúcuta, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, tenía listo un informe consolidado con información detallada de todas las acciones criminales imputables a Mancuso y a sus hombres en toda el área del bloque Catatumbo. Tan pronto como recibió a través de Internet el reporte final de la declaración de Mancuso a instancias de su versión libre, Cañizares comentó con cierta desazón que El Mono o Triple Cero se había quedado corto. "Es que tiene que responder por 5.200 crímenes cometidos entre 1999 y 2004, sólo en el área metropolitana de Cúcuta, y por 11.200 ocurridos en Norte de Santander".

Aun los más escépticos no pudieron ocultar el impacto que les produjo el hecho de que Mancuso hubiera reconocido que ordenó 15 masacres en seis departamentos y que se hubiera presentado, sin ambages, como responsable de acciones que le han costado condenas internacionales al Estado colombiano. Una de ellas fue la matanza de El Aro, cometida por paramilitares que durante cuatro días ocuparon la población y asesinaron a 15 personas, incendiaron las casas, destruyeron la iglesia y forzaron el desplazamiento de 1.500 campesinos.

Aunque hasta ahora la responsabilidad había sido atribuida genéricamente a paramilitares, en el oriente colombiano y en otras regiones causó sorpresa que el hombre que durante 15 años fue el segundo de Carlos Castaño admitiera haber ordenado las muertes del ex sacerdote Pauselino Camargo, ex alcalde de Cúcuta, en 1999, y del dirigente y escritor Tirso Vélez , candidato a la gobernación de Norte de Santander, en 2003.

El fiscal y los funcionarios judiciales que atendían se mostraron conmovidos cuando Mancuso dijo haber ordenado los asesinatos de los fiscales María del Rosario Silva Ríos y Carlos Arturo Pinto, que conocían en el mismo departamento los procesos más sensibles en el campo de los derechos humanos. Pero aún falta una fase crucial. Mancuso y otros aspirantes a conseguir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz tendrán que someterse a audiencias de imputación, donde la Justicia presentará sus propias pruebas para determinar si merecen o no el tratamiento especial que están buscando.

Quién sabe si por los vientos del Año Nuevo, o en verdad porque la información sobre la confesión de Salvatore Mancuso ha sido copiosa, pero lo cierto es que tras la serie de revelaciones del jefe paramilitar, es posible que la opinión pública haya comenzado a confiar un poco más en las posibilidades del proceso impulsado por el Gobierno con las Auc, al menos en lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad.

¿Por qué, en cuestión de semanas, un comandante de la importancia de Mancuso pasó de la actitud retrechera ante los procesos judiciales, a una al parecer más dispuesta a la confesión y la colaboración? La explicación puede estar relacionada con tres razones. La primera, el anuncio del presidente Álvaro Uribe en el sentido de que si las autoridades comprueban que algún jefe paramilitar sigue delinquiendo desde la cárcel perderá los beneficios y podrá ser extraditado. La segunda -que complementa la anterior-el traslado de más de medio centenar de capos de las Auc a la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Y la tercera, el fallo de la Corte Constitucional y la reiterada actitud del fiscal Mario Iguarán, en el sentido de que sólo servirán las confesiones completas.

Con todo, la presión de las familias y de las organizaciones no gubernamentales logró que una comisión conformada por altos representantes del Gobierno y la Justicia aceptara descorrer el velo de la reserva en todas sus etapas. El Ministro del Interior, el Fiscal General y los Presidentes de las Cortes estuvieron de acuerdo en que ese sería el mejor camino para conseguir que las versiones de Mancuso y de todos los demás paramilitares desmovilizados pasaran por el escrutinio de la opinión pública y estuvieran condicionadas por la exigencia.

Pero no todo es tan positivo tras la versión libre de Mancuso ante los fiscales. El lunar tiene que ver con la escasa referencia a la reparación a las víctimas, los que perdieron a sus familiares, los que se quedaron sin tierra, los desplazados. Las víctimas esperan que en la reanudación de las audiencias el jefe paramilitar se refiera a ese tema.

Es claro que hará falta mucho más para que el país tenga la sensación de que, además de avanzar en el campo de la verdad, el proceso camina en el terreno de la reparación.

De otra manera, se perdería una oportunidad histórica para sentar las bases de la reconciliación y quedaría una sensación de impunidad.