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Preguntas sobre el pacto de Ralito (Atando cabos)

20 de enero 2007 , 12:00 a.m.

La revelación del documento "secreto y confidencial" sobre la cumbre de 'paras' y políticos en 2001 en Ralito dejó varias preguntas en el aire que hasta ahora los implicados no han respondido.

La primera es qué significa que congresistas, gobernadores y otros representantes de las instituciones del Estado se comprometan a "refundar la patria" y "firmar un nuevo contrato social" en compañía de unos criminales que han cometido innumerables masacres y han traficado con droga, y todo por fuera de un proceso de paz.

Claro, no se puede desconocer que en ese momento los 'paras' ya controlaban amplias zonas de la Costa, entre las que estaba Ralito, y prácticamente era imposible que alguien hiciera política al margen de la realidad del conflicto de su región.

Ahora, si el 'pacto' tenía buenos propósitos, ¿por qué, así fuera poco tiempo después -se entiende que un acercamiento en búsqueda de la paz sea secreto por un tiempo prudente- nunca dijeron nada al respecto, ni sobre la reunión, ni sobre las amenazas, ni sobre la imposición a firmar un papel?

¿Y por qué, si fueron obligados a asistir a la reunión y luego a firmar el documento, no denunciaron ante las autoridades, o públicamente, la acorralada que les habían hecho los 'paras'? ¿Y por qué tampoco lo hicieron cinco años después cuando el senador De la Espriella reveló que había ocurrido la reunión y que existía un documento?

El único que por esa época había sido autorizado para hablar con los 'paras' era el representante Luis Carlos Ordosgoitia. Es decir que, al parecer, él era el único que tenía motivo para encontrarse con las Auc. ¿Y los demás?

Pero, ¿por qué el ex presidente Andrés Pastrana, quien en su libro La palabra bajo fuego, califica a Ordosgoitia de "interlocutor directo" suyo con Carlos Castaño y las Auc y relata varios contactos del congresista con los 'paras', salió luego a decir que no autorizó la cita de Ralito? ¿Se trataba de una autorización general o debía Ordosgoitia pedir permiso para cada cita?

Y por último, cuando Ordosgoitia renunció, el Gobierno dijo que "ningún funcionario, sin autorización del Gobierno Nacional correspondiente, debe tener precedentes de reuniones con grupos ilegales". ¿Qué pasará con Rodrigo Burgos de la Espriella, quien firmó el documento y hoy es funcionario diplomático en la embajada de Colombia en Quito?

CARLOS FERNANDO GALÁN
EDITOR POLÍTICO