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Pequeños hurtos y lesiones ocupan a fiscales y jueces del sistema penal acusatorio

Este lunes el nuevo esquema de justicia oral empezó a operar en Nariño, Cauca, Caquetá, Neiva, Villavicencio, Cundinamarca y Antioquia.

01 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Según datos de los mismos órganos judiciales, de los 194.813 delitos que, según la Fiscalía, se reportaron en los primeros 18 meses del sistema (del primero de enero de 2005 al 30 de junio de 2006), 64.375 son hurto agravado; 27.330 hurto calificado y 18.827 son lesiones. Los tres suman el 56,7 por ciento del total.

Los delitos de menor cuantía también se cuelan en las cifras de narcotráfico y de piratería. Por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se registraron 8.561 delitos. Una buena parte se trata de expendedores de droga de esquina.

Y en piratería, llamado defraudación a los derechos patrimoniales de autor, muchos de los detenidos son por venta de discos y libros pirata.

Ley para delitos menores

El alto volumen de estos delitos de bagatela, según la Fiscalía, está desgastando el sistema, pues implica que los "recursos humanos y técnicos no se inviertan en los grandes casos de criminalidad, lo que aumenta la impunidad".

Eso dice el proyecto de ley radicado por la Fiscalía en el Congreso el pasado mes de agosto. Para balancear las cargas, propone que los delitos de menor cuantía pasen a ser contravenciones y se sancionen con multas y trabajo social no remunerado.

Además, propone que el arresto se decida solo en los casos de reincidencia. También, que se cree una nueva figura: los jueces de causas pequeñas, que se encargarían de estos casos. De entrada, la propuesta no ha caído bien en el sector de los comerciantes, agremiados en Fenalco, quienes han informado de millonarias pérdidas por los pequeños robos en supermercados.

Debido a esto, las directivas de esos negocios han adoptado una postura radical frente a la legislación: procuran evitar las conciliaciones y siempre buscan ir hasta las últimas consecuencias con los ladrones de artículos en sus almacenes.

Frente a esto, el proyecto de ley tendría un elemento a favor: el actual esquema no solo desgasta, sino también parece ser bastante costoso. Según cálculos de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en los primeros seis meses del 2006, cada proceso penal le costó al país casi 16 millones de pesos. Esta cifra es el resultado de dividir el costo total de la nómina de fiscales, jueces, defensores y policías entre el número de imputaciones hechas.

16'000.000 Es la cifra en pesos de lo que le costó al país, en el primer semestre del año pasado, cada proceso judicial. El dato es de la Corporación Excelencia en la Justicia.

3 puntos clave de la propuesta para liberar el sistema de delitos menores

El proyecto de ley radicado por la Fiscalía en el Congreso propone:

Serían contravenciones delitos de menor cuantía como: lesiones personales dolosas, culposas y agravadas; el hurto simple, calificado o agravado y la estafa, mientras el perjuicio no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes; también el consumo de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia en presencia de menores de edad.

Las sanciones. El proyecto contempla el trabajo social no remunerado que sería, dependiendo de la gravedad de la contravención, de 1 a 12 semanas y no excedería las 8 horas diarias.

El castigo también puede ser a través de multas que no podrán superar los 50 salarios mínimos legales mensuales. Si se incumplen las penas de trabajo social o de multa, estas se podrán convertir en arresto de fin de semana.

Quien sea condenado a trabajo social o multa y reincida en la contravención en los dos años siguientes se le impondrá arresto de 1 a 4 años. En este caso no habrá rebaja de pena por aceptación de cargos, ni libertad condicional.

Jueces de causas pequeñas. Serían la autoridad que conocería de estas contravenciones. Su creación estaría en manos del Consejo de la Judicatura, "con el objeto de enfocar los esfuerzos de los jueces de control de garantías y de conocimiento en la decisión de los casos más trascendentales". Estos jueces tendrían la categoría de municipales.

El proyecto incluye una norma transitoria para que mientras se crea esta figura sus funciones las cumplan jueces municipales y de circuito,designados por la Judicatura y así, una vez aprobada, la ley se aplique de manera inmediata.

Delitos menores de trascendencia

Por el robo de un esfero Montblanc, avaluado en un millón de pesos, un juez municipal de Bogotá le dictó medida de aseguramiento y le impuso una caución de 763 mil pesos al vigilante de un edificio de apartamentos, en el norte de la capital del país.

Ocurrió en enero del 2005 y la Fiscalía aportó como prueba un video en el que el vigilante aparece esculcando armarios y cajones de uno de los apartamentos.

El fiscal pidió cárcel para el vigilante por hurto calificado y agravado consumado. La Procuraduría intervino en el proceso y pidió la detención domiciliaria.

Por robarse dos tarros de leche de un supermercado de Colsubsidio, para calmar el hambre de sus hijos, una mujer llegó hasta los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

En audiencia pública, el pasado 21 de marzo, la Fiscalía pidió el principio de oportunidad para la mujer, teniendo en cuenta su situación económica, y por eso solo tuvo que consignarle 10 mil pesos a Colsubsidio como indemnización.

Insisten en judicializar por hurto

Para Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco (gremio que agrupa a supermercados del país), la propuesta del Gobierno y la Fiscalía de convertir los hurtos de menor cuantía en simples contravenciones "es un absurdo".

Precisamente, Fenalco ha sido tal vez la organización que más se ha empeñado en ir hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, al querer judicializar a quienes roban en sus almacenes, no importa si lo que se roban es un par de baterías o una revista.

"En el año 2005, las pérdidas por robos fueron por 60 mil millones de pesos y el año pasado, en solo 11 cadenas, las pérdidas fueron de 90 mil millones", explicó.

Según Botero Nieto, "judicializando se controla al delincuente, porque la pena es disuasiva (...) Si con las penas actuales roban de la manera como lo hacen, ¿cómo será cuando no sean detenidos?", se preguntó.

 Fiscalías tienen gerente en Chile

Según un informe del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (Ceja), de la OEA, las cifras en Chile sobre el sistema oral en sus primeros 4 años indicaron que de 457.310 casos que ingresaron, fueron resueltos 417.608, es decir el 91,31 por ciento. Para Cristian Riego, del Ceja, quien visitó el país el pasado mes de diciembre, "se trata de un problema de gestión". Pone de ejemplo que en Chile las cuatro fiscalías regionales tienen su respectivo gerente, que trabaja indicadores y exige resultados.

Comenzó sistema en 7 departamentos

Con el lanzamiento de la tercera fase del sistema panel acusatorio en Ibagué se dio comienzo a los juicios orales en siete departamentos del país. Nariño, Cauca, Caquetá, Neiva, Tolima, Villavicencio, Cundinamarca y Antioquia, entregaron sus reportes de las primeras once horas del 2007 al fiscal general Mario Iguarán.

Hurto, lesiones personales y homicidio fueron en su orden las conductas delictivas que más se tipificaron en las primeras horas del año. En Ibagué, el sistema penal tuvo como primer caso una audiencia por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

El agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y causó varias fracturas a su víctima. De igual forma se atendieron dos casos de homicidio, uno en Ibagué y otro en Venadillo.

El Fiscal General llamó al sistema "la justicia a través de la celeridad".

En un mensaje transmitido a los funcionarios de los siete departamentos de manera simultánea, Iguarán dejó la sensación entre los presentes de que más que la implementación, esta nueva etapa es la consolidación de un sistema que ha demostrado bondades.

Según el Fiscal, "con este nuevo sistema en estas regiones se ha pasa de resolver procesos de cuatro años, por hurto simple, a sólo cuatro meses".

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACTOR DE EL TIEMPO