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Hijos de Cristina Fernández se declaran inocentes de corrupción

Los hijos de la expresidenta argentina no dijeron nada ante el juez, pero denuncian persecución.

EFE*
En medio de las investigaciones que rodean a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, hay una que llama particularmente la atención por la cantidad de implicados que lleva a cuestas. Se trata del caso Los Sauces, nombre que recibe de una empresa de propiedad de la familia Kirchner Fernández.
Según las pesquisas de la Fiscalía, la compañía habría recibido millonarias transacciones de empresarios, vía arrendamientos de propiedades, luego de que estos últimos recibieron adjudicaciones de obras con sobreprecios.
La Fiscalía no solo investiga a Cristina Fernández y a los empresarios implicados en este caso, sino también a los hijos de la exmandataria, quienes este lunes tenía una cita con la justicia, luego de ser acusados de lavado de dinero y cohecho. Fernández de Kirchner hará lo propio el martes.
Los hijos
De esta forma, la Justicia argentina avanzó en la investigación de los supuestos delitos de corrupción cometidos por el kirchnerismo (2003-2015) con la declaración como imputados de los hijos de los expresidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner, quienes negaron los cargos y se declararon víctimas de una persecución.
Al igual que su madre, Florencia y Máximo Kirchner están acusados de presunto lavado de dinero y cohecho cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, que se dedicaba, según la Fiscalía, a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a empresarios a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.
"Me veo obligada a aclarar que en ningún momento de mi vida integré una asociación ilícita criminal ni tampoco participé en maniobras de lavado de activos ni en ningún otro delito", afirmó Florencia Kirchner, de 26 años, en un escrito presentado ante el juez del caso, Claudio Bonadio, en el que también pidió que se levanten los cargos del embargo que pesa sobre sus ingresos laborales.
En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio citó, entre otros, a Cristina Fernández -presidenta entre 2007 y 2015-, sus hijos, Florencia y Máximo, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes ya comparecieron días atrás acusados de los mismos delitos.
La llegada
La joven Florencia fue la primera en acudir este lunes a los tribunales de Buenos Aires. Llegó pasadas las 8:40 a. m. (hora argentina). La acompañó su abogado, Carlos Beraldi, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Óscar Parrilli y el diputado nacional por el kishnerista Frente para la Victoria Eduardo de Pedro.
Según informaron fuentes judiciales, Florencia, si bien no respondió preguntas ante las autoridades judiciales, presentó un escrito en el que además de negar los cargos aseguró que la llaman solamente "por ser la hija de Cristina y Néstor", quienes junto a Máximo fundaron Los Sauces en el 2006, cuando ella solo tenía 16 años.
Sin embargo, tras la muerte en 2010 de Néstor Kirchner, presidente del país entre 2003 y 2007, su hija se convirtió en heredera de parte de la empresa.
El siguiente en llegar fue su hermano y diputado por el Frente para la Victoria, Máximo, quien al igual que su hermana no respondió preguntas ni hizo alguna declaración. Solo dejó un escrito, en el que consideró un "verdadero disparate" sospechar que el pago de alquileres a "Los Sauces" fuera parte de "retornos" por la concesión de obra pública.
El ambiente afuera de los tribunales contrastó con el silencio al interior de los estrados, pues, en medio de un fuerte dispositivo policial, en los exteriores de los tribunales federales, situados en el porteño barrio de Retiro, numerosos militantes del kirchnerismo, entre ellos la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se congregaron para apoyar a los imputados con banderas y consignas.
El caso Los Sauces
El caso Los Sauces se inició en abril del año pasado tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que los acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
En su demanda, Stolbizer señaló que pudo utilizarse la empresa para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Carlos Rívolo, fiscal del caso, aceptó esa denuncia y pidió investigar como imputada a la expresidenta y su familia, por lo que decidió convocarlos ante el juez, quien una vez termine de tomar todas las declaraciones decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ellos, que podría desembocar en la apertura de un juicio oral.
Fernández, quien deberá acudir a declarar este martes, reitera desde hace meses que es víctima de una persecución política, mediática y judicial, y acusa a su sucesor en la Presidencia, Mauricio Macri, de impulsar ese hostigamiento.
El juez Bonadio
El pasado viernes, en un escrito, la ex jefa de Estado pidió eximir de prisión a su hija después de que, según dijo en Facebook, le "informaron" que Bonadio quería ordenar su detención.
Poco después, Rívolo consideró que no se debería detener a Florencia, pues no había peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa y el juez acabó concediendo la exención de prisión a la joven.
Del mismo modo, tampoco se espera que Máximo quede detenido por el momento, ya que posee fueros en su condición de parlamentario, mientras que Fernández, que no ostenta ningún puesto público, remarcó el viernes que no tiene ni tendrá "temor alguno de enfrentar cualquier cargo" que se le imponga, incluso si para ello debe quedar detenida.
Entre las medidas dispuestas desde la apertura de la causa, Bonadio ordenó varios allanamientos, embargar sueldos, intervenir la sociedad, tasar todas sus propiedades y pedir a la justicia de Estados Unidos información sobre una cuenta bancaria que perteneció a Néstor Kirchner.
En un escrito presentado ante el juez, López aseguró la semana pasada ser "ajeno a la supuesta organización delictiva" que se investiga y Báez añadió desconocer detalles de las operaciones entre Los Sauces y sus empresas.
Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino.
Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación por presuntos retornos económicos a la ex familia presidencial por parte de empresarios como Báez.
EFE *Con información de La Nación
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