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Nación recuperaría unos 7.000 millones de pesos por revisión de fallos

Consejo de Estado aprobó 18 demandas. Funcionarios y exfuncionarios responderán con su dinero.

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12 de septiembre 2016 , 05:24 p.m.

Luego de que la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptara 18 acciones de repetición contra funcionarios y exfuncionarios públicos, el Estado podrá recuperar más de 7.000 millones de pesos que ha pagado como consecuencia de condenas por violación a los derechos humanos, despido injusto de empleados, accidentes de tránsito, homicidios, incumplimiento de las normas de contratación, entre otros.

El tribunal revisó 53 demandas de las cuales 18 fueron aprobadas, por lo que los funcionarios y exfuncionarios deberán responder con dinero de su propio bolsillo frente a condenas que ha tenido que pagar la Nación.

Uno de los fallos más significativos fue contra el excontralor general, Carlos Ossa Escobar, quien tendrá que pagar 1.879 millones de pesos por haber despedido de la entidad a un funcionario que ejercía el cargo de jefe de control interno. La sentencia señala que el "excontralor actuó de manera dolosa y con desvío de poder".

Eso quiere decir que Ossa tendrá que reponer el dinero que por esos hechos pagó la Contraloría.

El actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez es otro de los funcionarios llamados a responder al erario público para reponer 183 millones de pesos por haber incumplido una orden del Tribunal de Antioquia para reintegrar a un funcionario que despidió de la Secretaría de Cultura de Medellín cuando él era la cabeza de esa Secretaría en el año 2001, antes incluso de ser acalde de esa ciudad.

Otra de las decisiones fue contra la empresa contratista Sociedad Colombiana de Pavimentos (Socopav Ltda en Liquidación), que deberá reembolsar 386 millones de pesos que pagó Invías para reparar a las víctimas de un accidente de tránsito que ocurrió en Sabana de Torres, Santander, en junio de 1995.

Del total de decisiones, el Ministerio de Defensa es la entidad que más ha repetido contra integrantes de la Fuerza Pública. Siete policías y 12 militares deberán cubrir el pago de condenas por diferentes hechos.

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