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Esclavitudes vigentes

La explotación de personas sigue. Es preciso visibilizarla y activar estrategias de prevención.

A mediados de junio del 2013, los periódicos trajeron una preocupante noticia: “Desarticulan red que esclavizaba a 225 colombianos en Argentina”. Se refería a unos compatriotas que estaban encerrados en galpones, explotados laboralmente. Durante los procedimientos judiciales se pudo constatar la extrema precariedad en que trabajaban y vivían. Las autoridades afirmaron, según la edición digital de ‘El País’, de Cali, del 13 de junio, que “el trabajo era en condiciones de semiesclavitud producto del hacinamiento y de la forma en que se los contrata. Se los convoca en Colombia, se les ofrece un pasaje para poder viajar hasta un determinado lugar, y luego que se los recibe, se les genera la deuda por ese pasaje, más el costo de manutención que también les solventan y las personas llegan a estar en forma permanentemente endeudadas y se ven obligados a trabajar para saldar el compromiso fraudulento”.
Añade el informe: “Estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción moderna del término: no están encadenados, pero sí son sometidos y reducidos psicológicamente para que se integren en la organización para la realización de trabajos menores y en condiciones infrahumanas”.
Pero la noticia podría tener fecha de hoy: se repite el modelo, ahora con jóvenes de las barriadas y pueblos que van a países latinoamericanos para desarrollar actividades ilícitas, como la explotación del conocido ‘gota a gota’ (poner en circulación dinero mediante el préstamo con intereses de usura), reciben sueldos ínfimos y corren con todos los riesgos, tras el señuelo de alcanzar mayores ingresos y lograr mejores condiciones de vida para sus familias.
Así que la explotación de las personas tiene múltiples aristas, aunque la que se roba todos los titulares y escándalos mediáticos sea la sexual. Eso está bien, como manera de atajar este oprobioso mercadeo con la dignidad de las personas. Porque es preciso hacer visible el delito y activar estrategias de prevención, ofrecer asistencia y protección a las víctimas y a sus familias, y abrir investigaciones, reprimir y judicializar cada caso. En ese sentido, la Gobernación de Antioquia realizó una campaña del 28 al 30 de julio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. En todos los casos, para insistir en que constituye un delito transnacional que vulnera los derechos humanos.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta práctica se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, matrimonio servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de origen de las potenciales víctimas. Colombia es considerada como un país de origen de víctimas de este delito, que está prohibido en todas sus formas y es castigado con penas de prisión de 13 a 23 años.
Los tratantes ofrecen a sus víctimas altos salarios como niñeras, vendedores, camareras, pero al llegar a su destino les quitan sus documentos, las maltratan, las obligan a prostituirse y a pagar deudas enormes. Los tratantes aíslan a las víctimas de sus familias y amigos, de su lengua y entorno social para tener mayor control sobre ellas.
La sociedad colombiana debe cerrar filas frente a cualquier manifestación de trata de personas, pero, especialmente, en los campos de la explotación sexual y laboral –camuflada y en preocupante crecimiento– que aquí describimos.
Jaime Fajardo Landaeta
e-mail: fajardolan@une.net.co
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