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Racionamiento y energías alternativas

Esta crisis es una oportunidad para poner nuestro sector energético a tono con el siglo XXI.

La actual crisis energética, que parece llevarnos por la senda de un nuevo racionamiento, es consecuencia de diversos factores que incluyen: 1) Una débil planeación sectorial que no supo llevar el ritmo del progreso económico del país y su creciente demanda de electricidad; 2) Los rezagos en la construcción de infraestructura de generación por limitaciones en los procesos de licenciamiento ambiental y consultas previas; y 3) La benevolencia de parte del ente regulador para con los agentes privados del mercado.
La acumulación de estos elementos nos podría llevar a repetir la historia del apagón de 1992, en el que fuimos testigos de una tragedia anunciada en la que no se implementaron correctivos de fondo sino después del racionamiento mismo. En dicho momento, al igual que hoy, el punto neurálgico radicaba en la vulnerabilidad del sistema energético nacional.
En el 92, el 80 % de la capacidad correspondía a hidroeléctricas, las cuales dependen del régimen de lluvias y otras condiciones climáticas. La solución fue la ampliación de la oferta térmica (e. d., generar electricidad a partir de quemar combustibles fósiles) a través de variados mecanismos de financiación como el cuestionado cobro por confiabilidad. Este enfoque logró diversificar la canasta energética hasta llegar a la situación actual, en la que, en tiempos de sequía, el 50 % de la demanda puede ser cubierta por plantas térmicas.
Lo anterior ya no es suficiente. Tenemos la evidencia enfrente y no podemos esperar más para ampliar las políticas de diversificación de la oferta, considerando fuentes alternativas como las energías eólica y solar. Estas tecnologías no solo servirían al propósito en cuestión sino que reducirían de manera significativa las externalidades ambientales asociadas a la quema de combustibles y a la construcción de represas, lo que al final de un análisis integral resulta en un mayor beneficio económico para la sociedad. Adicionalmente, un nuevo racionamiento conllevaría billonarias pérdidas que podrían evitarse si se contara con un sistema más robusto y diversificado.
Dados los mayores riesgos y costos por tratarse de tecnologías menos consolidadas, en Colombia las fuentes renovables se encuentran relegadas a pequeños experimentos con limitadas expectativas para el largo plazo. Esto encontraría solución si se contara con el mismo tipo de incentivos que se han utilizado para promover combustibles convencionales. Vale la pena preguntarse cuál sería el avance de las energías limpias en el país si los más de 15 billones de pesos que se gastó la sociedad colombiana en el cobro por confiabilidad se hubiesen invertido en promocionar dicho subsector. Esto sumado a la creciente evidencia del potencial que tenemos para el desarrollo de estas alternativas, dadas nuestra ubicación y diversidad geográfica.
Quizás la principal conclusión que se deriva de la reciente convención de París sobre cambio climático es que si las energías limpias fueran baratas (sin necesidad de subsidios), las reglas del mercado las volverían dominantes y se convertirían de esta forma en la mejor herramienta para cumplir las metas globales de reducción de emisiones. A lo mejor el objetivo del Estado debería ser poner todo su aparato al servicio de este desafío.
Una verdadera política de promoción de energías renovables nos haría menos vulnerables a los fenómenos climáticos, traería beneficios sociales por cuenta de una menor contaminación y podría constituirse en fuente de empleo y desarrollo económico. A ver si ponemos en práctica aquello de que toda dificultad es una ocasión de mejora. Y estamos en crisis. Que la oportunidad sea poner nuestro sector energético a tono con el siglo XXI.
Eduardo Behrentz
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