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Sigue el juicio contra la hermana y cuñado del rey de España

Desde este martes comienza la fase en la que hablarán 363 testigos en el juicio del caso Nóos.

Juanita Samper Ospina
Este martes comienza la fase de testigos del juicio del caso Nóos sobre el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, y su socio, Diego Torres.
En esta etapa, que terminará el 17 de mayo, 363 testigos se sentarán en la Audiencia Provincial de Baleares. Entre ellos se cuentan numerosos políticos, como el exvicepresidente Rodrigo Rato y el exalcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón.
Uno de los testigos claves es Miguel Tejeiro, asesor fiscal y antiguo secretario de la junta directiva del Instituto Nóos. Tanto Torres como Urdangarin lo han culpado de las irregularidades, en una táctica acordada de su defensa. La otra columna sobre la que se han basado es la Casa del Rey, como garante de que no se cometieran faltas: aseguran que desde el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, hasta el asesor jurídico del rey Juan Carlos, José Manuel Romero, supervisaban sus actividades.
La organización Manos Limpias inicialmente había incluido a Tejeiro en la lista de acusados, pero retiró su nombre para reforzar la acusación contra Urdangarin, Torres y la infanta Cristina. Está previsto que se presente este miércoles como testigo. Este martes lo harán la antigua jefe de gabinete del exalcalde Jaume Matas, Dulce Linares, y los exconsellers de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, y de Turismo, Joan Flaquer.
El caso Nóos
El caso Nóos trata sobre el aprovechamiento ilegal de la Casa del Rey por parte de Urdangarin y su socio. Entre 2004 y 2006 recibieron 6,2 millones de euros en adjudicaciones a dedo de los gobiernos de Baleares y Valencia. Se les acusa de facturar servicios ficticios a sociedades que ellos controlaban; entre ellas, Aizoon.
Aizoon es la empresa mercantil que compartían Urdangarin y la infanta Cristina, en un 50 % por ciento cada uno, y a la que presuntamente cargaban gastos familiares como si fueran de la empresa para conseguir la desgravación de ellos.
La acusación contra Cristina del sindicato Manos Limpias (ni el fiscal ni la abogacía del Estado la acusan), es precisamente colaborar en dos delitos fiscales que habría cometido su marido. Se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel.
Para Urdangarin el fiscal pide 19 años de prisión y Manos Limpias, 26. Los delitos que se le imputan son prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, blanqueo, estafa y falsedad en documento público.
De esos mismos está acusado DiegoTorres, aunque el fiscal pide 16 años de cárcel y la acusación popular, 22.
Presuntamente desviaban dinero del que recibieron gracias a contratos con las comunidades autónomas a paraísos fiscales, mediante un entramado con sede en Londres y Belice.
Dos de los contratos fueron firmados con el gobierno de Jaume Matas en Baleares por la organización de un par de congresos de turismo y deporte. Recibieron 2,3 millones de euros y se cree que guardaron 1,5 millones para ellos.
Con la Generalitat y el Ayuntamiento (gobernación y alcaldía) de Valencia firmaron cuatro contratos por 3,7 millones de euros.
Símbolo
Lo que tiene lugar en la Audiencia de Baleares es más que el desfile de 18 acusados y 363 testigos. El viernes pasado, durante la primera fase del juicio, se sentó en el banquillo un símbolo.
La comparecencia de la infanta Cristina, que duró una hora y diez minutos, es la imagen de la crisis que la Familia Real de España trata de superar. Y no lo ha hecho con medias tintas: la abdicación del rey Juan Carlos se debió, en buena parte, a los líos que su hija y yerno tienen con la justicia.
Por eso el nuevo rey, Felipe VI, ha marcado distancias con Cristina. Le retiró el título de duquesa de Palma, aunque ella conserva el de infanta de España, que la sitúa en el sexto lugar de sucesión a la Corona. El rey no tiene facultades para modificar esas condiciones y solo podría ocurrir por una renuncia expresa de ella o mediante una reforma constitucional.
Por ahora no se verá una imagen similar a la de la infanta Cristina respondiendo preguntas en la Audiencia (a propósito, solo contestó a las de su abogada y aseguró que ella dejaba en manos de su marido todo lo relacionado con Aizoon). El tribunal, que preside Samantha Romero, les permite a los acusados ausentarse hasta las conclusiones definitivas. Se prevé que el 30 de junio el juicio quede listo para sentencia.
Juanita Samper Ospina
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid
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