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Contraloría advierte incumplimientos a 2.254 familias con viviendas

Organismo dice que de megaproyecto en el Meta solo se ha cumplido el 3 por ciento.

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30 de junio 2015 , 11:12 a.m.

La Contraloría detectó dos hallazgos fiscales por 16.725 millones de pesos de los que serían responsables la Gobernación del Meta, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y un contratista por el fracaso de un proyecto de vivienda para desplazados y personas de escasos recursos.

Según la Contraloría, han pasado 12 años desde que se inició este proyecto que prometió entregar 2.254 viviendas para el que se destinaron más de 20.000 millones de pesos y hoy, los que serían los beneficiarios, apenas cuentan con 89 títulos de propiedades debidamente legalizados. En total, solo hay construidas, por las Uniones Temporales, 468 viviendas y 262 por Provento S.A..

“Así, y pese a la cuantiosa inversión de recursos, los proyectos se encuentran declarados en incumplimiento y las familias beneficiarias no cuentan con su solución de vivienda digna”, dice el organismo.

Esto significa, dice la Contraloría, que 12 años después apenas se ha cumplido con el 3,9 por ciento de la meta del proyecto. La meta era beneficiar a 934 familias víctimas del conflicto, en su mayoría desplazados, y a 1.320 familias en situación de vulnerabilidad por causas diferentes a la violencia.

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, dijo que "esos proyectos hacen parte de los que fueron declarados siniestrados por el Gobierno Nacional y por eso cambió el modelo a gratuidad donde se paga solamente por vivienda terminada".

Entre el 2004 y el 2011 se legalizaron únicamente, dice la Contraloría, 89 títulos de las 468 viviendas entregadas en ese periodo, pese a que se asignaron 2.254 subisidios.

“Entre diciembre de 2013 y finales de 2014, luego de la intervención de la Contraloría General de la República y otras instituciones, en el marco del Acuerdo Cóndor se entregaron 261 viviendas, de las cuales se certificaron 118”, dice el organismo.

El organismo de control fiscal advirtió que hay familias que desde hace más de 10 años tienen una carta de asignación de vivienda, pero que siguen esperando porque la construcción no se ha hecho efectiva. “En consecuencia, han optado por la acción de tutela para que, a través de fallos judiciales, se les cumpla el derecho adquirido”.

Tanto que han llegado varias tutelas a la Corte Constitucional que, en este caso, concedió a dos demandantes el derecho a la vivienda digna y a “todas aquellas personas en situación de desplazamiento que aplicaron los subsidios de vivienda adjudicados por Fonvivienda, para el proyecto de la Ciudadela San Antonio, de Villavicencio”.

La Contraloría dijo que en el caso caso de Fonvivienda se “malgastaron” los recursos, por lo que se “hace evidente gran parte de la ineficiencia del Estado para producir resultados, especialmente por la casi nula capacidad para coordinar acciones interinstitucionales necesarias en proyectos de gran envergadura, como el de la ciudadela San Antonio, donde es necesaria la participación de distintas instituciones en los tres niveles de gobierno: Nación, Departamento y Municipio”.

“La Contraloría reconoce los esfuerzos recientes de algunas entidades para subsanar algunas de las deficiencias de este proyecto. No obstante, considera que debe haber un mayor compromiso para solucionar la problemática y lograr cumplirle a la población que requiere de un servicio esencial como es la vivienda”, concluye el organismo.

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