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De la verdad y otros demonios

Las posiciones oficiales no se reflejan siempre en la práctica de las sociedades.

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28 de junio 2015 , 08:17 p.m.

En abril de 1994, Madeleine Albright, entonces embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, justificó el apoyo de Washington al establecimiento del Tribunal Internacional Penal para la ex-Yugoslavia, con el argumento de que “establecer la verdad sobre lo ocurrido en Bosnia es esencial para –y no un obstáculo a– la reconciliación nacional”. La tesis era bastante controvertida y fue muy criticada por los así llamados “realistas”, que argumentaron que al insistir en las soluciones ideales pero no prácticas, y en la “paz perfecta”, los abogados de los derechos humanos “prolongan las guerras y multiplican los muertos”. Algunos expertos sugirieron incluso que la perspectiva de persecución penal “a veces puede exacerbar los riesgos de atrocidades (y...) también puede exacerbar los conflictos”.

Sin embargo, en los últimos 20 años, la convicción (basada en los hechos) de que una paz duradera dependerá de los mecanismos que una sociedad encuentre para tratar con la violencia pasada representa hoy día el grueso del consenso entre la comunidad internacional. Este consenso se refleja en el crecimiento exponencial que ha visto el campo de la justicia transicional. Este concepto se ha ampliado en la práctica reciente, y la categoría de “justicia posconflicto” se refiere a sociedades que emergen de un conflicto armado, y no solo a aquellas que hacen tránsito de un régimen autoritario.

Las contribuciones teóricas a la justicia transicional se extienden en toda suerte de contribuciones, mientras que, en la práctica, se ha convertido en el núcleo misional de varias ONG especializadas, pero también en una componente esencial de la ayuda internacional a países que emergen de dictaduras o guerras civiles. En el 2004, por solicitud del Consejo de Seguridad, el Secretario General de la ONU presentó el primer informe sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, posteriormente actualizado por un nuevo informe en el 2011. En estas publicaciones las Naciones Unidas establecen, entre otros principios, que “los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca podrán prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos”.

Sin embargo, las posiciones oficiales no se reflejan siempre en la práctica de las sociedades, y existe un cierto desfase entre la consciencia internacional, que prohíbe y se compromete con el castigo de estas conductas, por un lado, y la práctica de muchos Estados que escogen ignorarla por consideraciones pragmáticas. Lo que habrá que entender es que hacer justicia en el marco de un conflicto tan degradado como el nuestro tiene que trascender el mero objetivo de la sanción y la pena. Las clásicas concepciones de la justicia transicional ponen el énfasis en la justicia retributiva, que tiene como objetivo el castigo de los responsables de los crímenes más graves; y –hasta cierto punto– en el segundo aspecto de la justicia, el restaurativo, que pone el énfasis en las víctimas, la restitución de sus derechos y su indemnización, pero ignoran o marginalizan el impacto de la justicia distributiva en el abordaje de la inequidad y la injusticia como raíces sociales y económicas del conflicto.

Es poco el interés que ha suscitado la creación de una Comisión de la Verdad, iniciativa que ha recibido un rechazo injurioso, nacido, sin duda, en buena medida, de la mala fe puesta en los comentarios de quienes no desean que la verdad que los compromete se conozca. Sin embargo, y aunque el mecanismo no ha sido completamente negociado, podría convertirse en una poderosa herramienta para asegurar el principio de “No Repetición”. Esperamos conocer más sobre su mandato y sus alcances muy pronto.

Natalia Springer