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Barranquilla

La buena experiencia desarrollada por Alcaldía de Barranquilla debería repetirse en otras ciudades.

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26 de junio 2015 , 09:34 p.m.

Mientras que en la mayoría de las ciudades del país más del 90 por ciento de los detenidos por comisión de delitos quedan libres y casi el 100 por ciento de los ciudadanos que alteran la paz ciudadana e infringen las normas de convivencia no son sancionados por las autoridades, en Barranquilla la Policía, con base en la sentencia 720 del 2007, de la Corte Constitucional y la Unidad de Prevención y Justicia (UPJ), que puso en funcionamiento la Alcaldesa a finales del año pasado, retiene hasta por 12 horas a quienes participan en riñas, agreden físicamente a sus vecinos, familiares o desconocidos, portan armas cortopunzantes, ejercen violencia contra mujeres y niños, afectan la convivencia ciudadana o se encuentran en estado de indefensión y vulnerabilidad por consumo de alcohol o drogas.

En 5 meses de funcionamiento de la UPJ se ha sancionado con medida de prevención y protección a más 20.000 ciudadanos, y desde mediados de marzo, además de sancionarlos, se les está enseñando a resolver conflictos de manera pacífica. A la fecha, han sido capacitadas 4.194 personas a través del equipo psicosocial, compuesto por psicólogos y trabajadoras sociales.

Estas medidas de prevención y protección han permitido reducir las riñas en la ciudad en un 48 por ciento: se pasó de 36.416 casos en los primeros cuatro meses del 2014 a 18.960 en el mismo periodo de este año. También disminuyeron las lesiones personales en un 37 por ciento, al pasar de 1.182 casos denunciados en la Policía el año pasado a 742 en el 2015. De la UPJ, que funciona todos los días las 24 horas, hacen parte la Policía Metropolitana, una comisaría de familia, una inspección de policía, Medicina Legal, la Fiscalía, Personería Distrital y las oficinas de denuncias y de derechos humanos de la Policía.

A la comisaría de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia ha trasladado a más de 900 niños, niñas y adolescentes NNA por dos circunstancias. La primera, como medida de protección, cuando se encuentran menores de edad abandonados a altas horas de la noche en la calle, en establecimientos donde se expende licor o tienen prohibido el ingreso, o porque han consumido licor o se encuentran bajo efectos de alguna droga. La segunda circunstancia en la cual son trasladados adolescentes (mayores de 14 años) a la UPJ, por las causales que afectan la convivencia y seguridad de las comunidades y ciudadanos y que ponen en riesgo a los propios adolescentes: enfrentamiento entre pandillas y barras de equipos de fútbol, riñas, agresiones y porte de armas, especialmente cortopunzantes.

Ya en la UPJ, la comisaría y su equipo de profesionales se encargan de atender a los NNA y de contactar a sus padres para informarles de lo sucedido; se les dictan talleres de valores familiares y se les hace firmar un compromiso de buen comportamiento del menor de edad y de control y educación de los padres.

Así, la UPJ se ha convertido en espacio de protección y de transformación ciudadana al enseñar a los infractores de las normas de convivencia cómo resolver conflictos pacíficamente y mostrarles el impacto negativo de las riñas y las causas lamentables de actuar en alto grado de exaltación. También es un espacio de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Esta buena experiencia, desarrollada por la Alcaldía de Barranquilla, debería repetirse en otras ciudades, donde las riñas y problemas de convivencia son cada vez mayores. Estas acciones hay que complementarlas con el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación criminal de Policía y Fiscalía para contrarrestar los actos delincuenciales y reducir la impunidad e insatisfacción ciudadana, que han llevado a muchas personas a hacer justicia por mano propia.

Hugo Acero Velásquez