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A la Corte llegó la tutela cinco millones

La salud ya no es el derecho más invocado. Mayores procesos por pensiones o reliquidación.

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26 de junio 2015 , 08:57 p.m.

La radicación de la tutela número cinco millones en la Corte Constitucional le correspondió a una acción interpuesta por el tolimense Pedro Helí Salinas Hernández en contra de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas y el ICBF. Salinas pretende que a él y a sus seis hijos, aún menores de edad, se les otorgue una ayuda de asistencia alimentaria y de alojamiento.

El tutelante sostiene que desde el 2007, por cuestiones de violencia, tuvo que abandonar el municipio de Junín (Tolima) y vivir en Ibagué. Dice que toda su vida trabajó en labores relacionadas con la agricultura y que por su arraigo campesino no ha podido desempeñarse en trabajos de ciudad.

En noviembre del 2014 remitió un derecho de petición a la Unidad de Víctimas para exponer su situación y buscar la ayuda estatal en cuanto a los recursos para alimentación y alojamiento que están a cargo del ICBF y de la Unidad, respectivamente.

Un juzgado de Ibagué y el Tribunal Superior de la ciudad negaron la tutela. Desde este último despacho se envió el expediente a la Corte Constitucional, como lo ordena la ley, para una eventual revisión. Allí quedó bajo el número 5’000.000.

Más reclamos

El aumento de radicaciones de tutelas ha crecido de manera inusitada en los últimos años. En el 2005, el conteo en la Corte iba en el millón de expedientes. Cuatro años después ya eran dos millones. La radicación cuatro millones se dio el año pasado y en doce meses se llegó a la cinco millones.

En la última sala de selección, que se realizó el miércoles pasado, se escogieron 29 tutelas de 35.109 expedientes que se revisaron previamente. La de Salinas sigue en la lista de espera.

Según las estadísticas de la Corte Constitucional, el derecho que más consideran vulnerado los colombianos ya no es el de la salud.

En épocas anteriores, los ciudadanos se valían de este mecanismo para que se les otorgaran medicamentos, prótesis, cirugías o atención hospitalaria de alto nivel. En el 2012, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo entregó un informe que decía que el 68 por ciento de las tutelas eran reclamaciones por salud en contra de las EPS.

Hoy, la mayor parte de los expedientes que llegan a la Corte tienen que ver con pensiones, tanto para que se las otorguen como para que se revisen las liquidaciones de las mesadas que reciben los ciudadanos.

El tema pensional ha estado moviéndose en las altas cortes con decisiones trascendentales. En mayo de este año, la Corte Constitucional dejó en firme la sentencia C-258 de 2013, en la que estableció un tope máximo de 25 salarios mínimos para las llamadas ‘megapensiones’.

Simultáneamente, los magistrados han establecido tareas específicas para las entidades públicas –especialmente a Colpensiones–, encargadas del sistema de jubilación.

En la Corte explican que las tutelas en salud pueden estar bajando porque la ampliación del POS, que ya cumplió el Gobierno y que responde a lo ordenado en decenas de fallos de tutela, ha llevado a que servicios que antes se negaban a los usuarios hoy están asegurados de entrada. También los mayores controles sobre los pagos del Fosyga –el fondo público que cubre el costo de los procedimientos no POS– han desestimulado una práctica que era frecuente en el sistema de salud: negar servicios sí incluidos para que la gente tuviera que reclamarlos por tutela y justificar luego el reclamo al Fosyga.

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