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Contralor propone ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas

Jefe del órgano de control dice que son frustrantes los resultados de reparación en vivienda rural.

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26 de junio 2015 , 10:36 a.m.

El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, propuso ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que se aplique más allá del año 2021, que es cuando se cumplen los 10 años de esta norma, "dado los rezagos que, al cumplirse cuatro de años de haberse puesto en marcha, se advierten en programas como reparación a través de proyectos de vivienda e indemnizaciones en efectivo", señaló el Contralor.

Maya advirtió que se ha duplicado el número de víctimas registradas y que "cambian sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado".

En el caso de la reparación en vivienda, se pasó de 454.000 millones en el 2011 a 580.000 millones en el 2014. Según la Contraloría, con esos recursos se han realizado proyectos de vivienda que hasta la fecha "no han sido terminados, y muchos de ellos han sido siniestrados, con lo cual, se podría afirmar que es uno de los componentes que mayor frustración ha generado tal como lo reveló el último informe de auditoría de la Contraloría General".

El Gobierno se puso la meta de entregar 23.860 viviendas, pero solo se han entregado los certificados de habitabilidad a 14.350 familias, el 60 por ciento de la meta. En vivienda rural el cumplimiento es mayor, con un 90 por ciento.

"Estos resultados son bastante bajos, si se tiene en cuenta que de 1,3 millones de grupos familiares, el 47 por ciento de víctimas, es decir 658.192", declaró en la Encuesta Naconal de Víctimas de la Contraloría haber perdido su vivienda.

En el caso de la indemnización administrativa, la Contraloría dijo que pese a que entre 2011 y 2012 hubo un incremento (se pasó de 569.000 millones a 965.000 millones), en los siguientes años hubo una disminución de este concepto en 300.000 millones de pesos. En el 2013 los recursos pagados por indemnización fueron 652.000 millones y en el 2014, 621.000 millones de pesos.

Hasta culminarse el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos se pagaron 420.841 indemnizaciones, de las cuales 392.083 fueron por hechos victimizantes distintos al desplazamiento forzado y tan solo 28.758 por ese delito. En ese tiempo se pagaron indemnizaciones por un valor de 2,6 billones de pesos, en cuatro años.

Con estas cifras la Contraloría advirtió que la reparación a la población desplazada, que registra más de 6 millones de víctimas, avanza a paso lento. "Según esto, en el caso del desplazamiento, que es el de mayor peso en el conjunto de los hechos victimizantes, solo se ha cubierto a un 2,1 por ciento de los grupos familiares. Y si se tiene en cuenta que el universo de la población desplazada es de 1'388.591 grupos familiares, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas de la CGR, el rezago luego de cuatro años de avance de la política es preocupante", dijo el organismo.

¿El plazo deber ser de más de 10 años?

La Contraloría asegura que además de la duplicación del número de víctimas con las que inicialmente se presupuestó la ley, hoy en día no existe un plan financiero que "atienda el enfoque diferencial para la implementación de los decretos ley de comunidades étnicas víctimas del conflicto".

También indica que no hay certeza sobre los recursos que se tendrán que usar para las reparaciones colectivas.

Por ello, el jefe del órgano de control planteó que en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no solo se deben buscar alternativas para que los ritmos administrativos sean más rápidos, sino que también se "debe reconsiderar los principales universos sobre los que se planifica y se garantiza su sostenibilidad".

La Contraloría invitó al Gobierno a debatir sobre la redefinición del universo que compone a la población víctima y del presupuesto que se requiere para atender a esa población.

“Estas dos realidades son una alarma sobre la eventual necesidad de debatir desde ahora, la ampliación de los límites de vigencia impuestos por estas disposiciones (hasta el año 2021), de tal manera que la garantía de los derechos de las víctimas sea efectivamente realizable”, concluye el análisis.

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