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El conjunto residencial que soporta robos, violaciones y asesinatos

La Ciudadela Santa Rosa está invadida por personas que dicen ser desplazadas.

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24 de junio 2015 , 08:44 p.m.

Lo que surgió como un proyecto para 1.200 familias en el año 1995, hoy está convertido en tierra de nadie, donde los propietarios han tenido que huir, mientras los invasores se toman un territorio abatido por la violencia y el crimen.

Asesinatos, riñas callejeras, atracos, venta de drogas y hasta violaciones: con eso tienen que convivir decenas de propietarios que un día soñaron con tener una vivienda, con eso y con ver cómo son portada de diarios locales por las peores noticias.

La ciudadela Santa Rosa es la crónica de una tragedia anunciada. Mucho antes de que se erigiera el proyecto de la Ciudadela, el antiguo Fopae –el hoy conocido Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)– había advertido por medio de varios conceptos y recomendaciones de mitigación del riesgo sobre el terreno.

Lo raro es que, pese a la advertencia de que el proyecto se haría sobre un territorio húmedo, atravesado por fuentes hídricas, el gobierno local de entonces permitió su construcción y que se procediera a la venta del proyecto.

Al terminar la obra, no pasó mucho tiempo para que las paredes de las casas y hasta el espacio público se comenzaran a agrietar. “El deterioro estructural fue evidente. Yo creo que todo lo hicieron con los peores materiales y cero planeación”, dijo Abdul Monroy, vocero de los propietarios, muchos de los cuales pagaron más de $ 50 millones por las viviendas.

La afectación fue tan grave que 316 propietarios iniciaron una acción de grupo, que fue resuelta el 23 de abril del 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a favor de los accionantes.

Lo que ordenó el ente judicial fue que esos 316 predios fueran entregados al Distrito y se les restituyera el valor de los inmuebles a quienes los habían cancelado en su totalidad. En promedio, a cada uno se le dio 58 millones de pesos.

Así, el Distrito quedó de nuevo al frente de esos 316 inmuebles. Lo único que pudo hacer fue retirarles los servicios públicos y cerrar cualquier acceso a los mismos con cemento en puertas y ventanas. “Tenían que hacerlo porque estaban bajo la categoría de alto riesgo”, dijo Monroy.

El resto de los propietarios, a quienes no se les resolvió la situación por tener deudas pendientes con los bancos o líos de papeles, quedaron sin solución y viviendo en un complejo con grave riesgo de colapsar. Pero ahí no terminó la pesadilla para estas familias.

Este es el tipo de noticias que registran los medios locales de esta ciudadela abatida por la violencia.

La invasión

Como si la situación no fuera de por sí grave, el 7 abril del 2013 estos predios fueron literalmente ‘invadidos’ por desplazados, muchos de los cuales son afrodescendientes.

La toma fue abrupta, con picas y toda clase de herramientas. Los invasores abrieron huecos en las viviendas selladas y escribían ‘ocupada’ con una pintura improvisada. “También robaban los servicios públicos como la luz, el agua y el gas de otras casas”, dijo otra afectada que está amenazada.

Nadie hizo nada para que esta situación dejara de salirse de control. Se agravó la división entre los propietarios e invasores. “Son dos culturas viviendo en un mismo espacio. Uno ve hombres negros con niñas de 13. No se trata de discriminación, es que en la mayoría de los problemas está metida esta población. Es la realidad. Hubo un abuso sexual de un ocupante que se pasó a la casa de una propietaria”, dijo una de las residentes afectadas.

A la fuerza, la comunidad comenzó a vivir con desmovilizados, luego con desplazados y tiempo después los problemas de convivencia empeoraron. Este diario intentó contactarse con miembros de la comunidad afro en Santa Rosa, pero no fue posible establecer contacto con ellos.

La policía hace lo que está a su alcance, pero la situación se ha salido de control. Este diario obtuvo videos en donde agentes han sido maltratadas; la policía se ve ‘a gatas’ para solucionar los graves problemas de inseguridad.

“La comunidad negra tiene líderes que a través de un megáfono movilizan gente cuando las autoridades quieren intervenir. Le perdieron respeto al Gobierno. Se los pasan por la galleta”, dijo otra afectada.

El último gran paso de la comunidad fue copiar la estrategia del alcalde Gustavo Petro e hizo una ‘tutelatón’.

“Algunos ganamos pero el Distrito lleva 16 meses de desacato. Le exigimos que cumpla la orden judicial y que restablezca nuestros derechos de vivienda digna, seguridad, infancia, hasta la vida, entre otros”, dijo Monroy.

En un lote ubicado detrás de la ciudadela, los vecinos denuncian consumo y venta de droga, así como atracos a residentes.

‘Nunca debieron construir las casas en medio de una quebrada’

Ha sido muy poco lo que ha logrado la alcaldía local de San Cristóbal Sur en la Ciudadela Santa Rosa. Es un problema que supera su capacidad y, lo peor, que se está tomando otras zonas de la localidad como la de Monte Bello.

Según el alcalde, Jairo León Vargas, lo que empeoró la situación es que el primer fallo judicial no hubiera generado una restitución económica a la totalidad de los habitantes de cada una de las casas y apartamentos, y que luego se hubiera procedido a la demolición. “Cuando recibí el problema, el 27 de marzo del 2012, ya existían graves problemas de convivencia. El que se dejaran predios vacios, sin que contaran con una vigilancia permanente, fue lo que causó el caos”. Se han realizado procedimientos de desalojo “pero más se demoraba uno en sacar a los invasores que estos en llegar otra vez a romper”, contó

Dos secretarios de Gobierno estuvieron en el lugar, allá ha llegado toda la institucionalidad distrital, pero eso no ha solucionado los graves problemas de la convivencia obligada de culturas totalmente diferentes. “El Estado ha fallado en la atención a las víctimas de la violencia y Bogotá está pagando las consecuencias”, dijo Vargas.

Lo peor es que los asentamientos ilegales, a los que nadie les puso un alto, terminaron en la conformación de bandas de estafadores que comercializaban los predios tapiados del Distrito. Al mismo alcalde local lo han amenazado a causa de los operativos que ha intentado hacer allí. “Son 1.000 familias, es muy difícil ejercer el control”, explicó Vargas.

La última noticia que causó algo de tranquilidad fue la captura, en febrero de este año, de alias ‘Caballo’, un afrodescendiente que, además de ser responsable de hurtos a personas y comercios de la localidad, fue promotor y cerebro del fenómeno de desplazamiento intraurbano en la zona.

Walter González fue combatiente, experto en explosivos y jefe de milicias del frente 30 de las Farc, que delinque en las ciudades de Buga y Buenaventura. Se desmovilizó hace cuatro años y se había convertido en mito de la delincuencia, en la Ciudadela de San Cristóbal.

Doce familias lo habían denunciado por engañar a sus víctimas ofreciéndoles las casas del barrio Santa Rosa, después pedía un canon de arrendamiento y posteriormente las amenazaba y les hacía abandonar los inmuebles.

Hoy, mientras los propietarios dicen que el Distrito está en desacato de una orden judicial que busca restituirles sus derechos fundamentales, este asegura que ha hecho lo posible por mantener el orden en la zona.

“Nos dicen que iniciemos otro proceso colectivo que les permita ayudarnos. Eso lo hacen para dilatar el problema. Ese proceso puede tardar otros diez años más”, dijo Monroy.

CAROL MALAVER
Redactora de EL TIEMPO
*Escríbanos a carmal@eltiempo.com