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Culpables tres miembros del Eln por asesinato de juez en Arauca

Los implicados deberán responder por el delito de homicidio en persona protegida.

23 de junio 2015 , 05:16 p.m.

Este martes el juez primero especializado de Cundinamarca dictó fallo condenatorio contra los guerrilleros del Eln: Nelson Archila Romero, José Diomedes Gamboa y Esneider Amado Barbosa. Los tres se encuentran implicados en el asesinato la juez penal de circuito del municipio de Saravena (Arauca) Gloria Gaona Constanza Rangel.

El asesinato de la funcionaria se produjo cuando el 22 de marzo de 2011 ella se dirigía a su oficina y en el camino, Nelson Archila Romero, le disparó cinco veces por la espalda. El escrito de acusación de la Fiscalía asegura que los otros dos guerrilleros desde una motocicleta “rondaban el lugar para colaborar con los hechos a fin de asegurar el homicidio".

Estas tres personas deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión.

Así mismo, el juez afirmó que para dictar el fallo se acogió a las peticiones hechas por la Fiscalía, Procuraduría y representante de víctimas, quienes pedían que los subversivos fueran declarados culpables por los hechos.

Dentro de los argumentos se incluyó el hecho de que en la zona había una fuerte presencia de la guerrilla del Eln. Así mismo, se indicó que Gloria Gaona Rangel tenía en su despacho procesos como en contra de los integrantes del grupo armado por delitos de rebelión, extorsión y homicidio.

Según el juez, "como señal de represalia se dio la orden de asesinar a la funcionaria", indicó el juez, quien agregó que "las pruebas revelan que el crimen fue cometido por miembros del grupo subversivo".

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que los miembros del Eln se encargaban de acciones delictivas en contra de personas e instituciones que no estaban de acuerdo con sus ideologías y convicciones. En este sentido, Juan de Dios Lizarazo, alias David, comandante de la Comisión Ernesto Guevara del Frente Domingo Laín del Eln, dio la orden de matar a la funcionaria judicial.

El fallo se produce cuatro años después de que fuera radicado el escrito de acusación en la Fiscalía.

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