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Colombia debe defender sus derechos

Es hora de que nuestra política internacional se oriente a defender la integridad marítima.

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20 de junio 2015 , 08:28 p.m.

No hay duda de que los derechos de Colombia en el golfo de Venezuela deben defenderse con firmeza ante el peligro que representan las “zonas de defensa integral marítima e insular” de Venezuela (Zodimain Atlántico, oriental, central y occidental), establecidas por el decreto presidencial 787 de mayo 26 del 2015 y trazadas para impedirle a Guyana la salida al océano Atlántico como parte de su vieja disputa sobre el territorio Esequibo.

Es bien sabido que el decreto se produjo con motivo del descubrimiento de yacimientos petroleros a 190 km de la costa de Guyana por la multinacional Exxon Mobil, a la cual Venezuela le ha solicitado parar las operaciones de exploración por ser la zona parte de la disputa territorial. La noticia de por sí debe alertar al Gobierno, como lo anota acertadamente Alfonso López Caballero en su reciente artículo de Semana.

La situación planteada por Venezuela no es de poca monta para Colombia, como que mediante el trazado de la ZODIMAIN OCCIDENTAL se cierra por completo el “golfo de Venezuela” y de hecho se le niegan los derechos que tenemos en esa zona como Estado costero, conforme lo establecen todas las convenciones sobre el derecho del mar; incluso la de Naciones Unidas de 1982, que Colombia no ha ratificado por razones desconocidas.

Nos da la impresión de que con el trazado de esa zona lo que se pretende es volver a la tesis venezolana de la prolongación de la frontera terrestre en el mar o la teoría de la “costa seca”, según la cual Colombia no tendría ningún derecho sobre las aguas del “golfo”; ambas posiciones, rechazadas terminantemente por nosotros durante las conversaciones en Roma. Con el agravante de que el Gobierno venezolano ha manifestado que patrullará esas zonas, lo que sin duda pone en riesgo de una hipotética confrontación con la Armada colombiana, como sucedió con el incidente de las corbetas durante el gobierno de Virgilio Barco.

Lo que está haciendo Venezuela con el decreto es simplemente reabrir el diferendo sobre las áreas marinas y submarinas en el “golfo”, incluidas las de los islotes de Monjes cedidos a ella en 1952 por una simple nota diplomática. No es del caso recapitular la historia de lo que fueron las negociaciones de nuestros límites terrestres y los años que duramos infructuosamente buscando un criterio para la delimitación marítima en este golfo.

Colombia propuso absolutamente todo: línea media, explotación conjunta o condominio, hipótesis de Caraballeda y someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, conforme lo establece el Tratado de ‘No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo judicial’ de 1939, suscrito entre Colombia y Venezuela.

No nos engañemos, el decreto es desafiante y seguramente hace parte de una estrategia para distraer la atención sobre la situación interna y tratar de convocar al pueblo bajo un ropaje de falso nacionalismo contra Colombia.

No podemos repetir la improvisación, los errores y omisiones cometidos frente a la demanda y pretensiones de Nicaragua en la Corte internacional, con las nefastas consecuencias de todos conocidas. La posición debe ser clara y contundente: pedirle al Gobierno de Venezuela que derogue o modifique el decreto mencionado por afectar seriamente los irrenunciables derechos en el “golfo de Venezuela”. Es hora de que nuestra política internacional se oriente a defender seriamente la integridad territorial y marítima de la República, independientemente de cualquiera otra consideración política.

Imagen tomada de: http://noticiasvenezuela.org/2015/06/venezuela-crea-zona-de-defensa-integral-que-impedira-salida-de-guyana-al-atlantico/

 Enrique Gaviria Liévano