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Del desafío de contar la verdad

La comisión planteada en La Habana podría contribuir a la dignificación de las víctimas.

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14 de junio 2015 , 08:59 p.m.

Las comisiones de la verdad como mecanismos de justicia transicional son en realidad un concepto que ha evolucionado, no sin accidentes, hasta convertirse en una poderosa herramienta para el esclarecimiento de los hechos que han derivado en la violencia y un gran aliado de la administración de justicia. Ya en el año 2000, cuando desarrollé la primera tipología de estas comisiones, se podía hablar de generaciones al clasificarlas por indicadores tales como los poderes conferidos a través del mandato, su relación con la administración de justicia y el establecimiento de programas complementarios, entre otros.

La primera generación de comisiones no surgió como resultado de un consenso interno o de una voluntad política real de enfrentar el pasado, sino como respuesta a una gran presión internacional para establecer responsabilidades.

Este fue el caso de las comisiones instauradas en Uganda, Bolivia, Zimbabue, Haití y Nepal, cuyos reportes o no fueron publicados, o las actividades de las comisiones fueron suspendidas por presiones indebidas que derivaron en un recorte de los recursos de operación.

La segunda generación se caracterizó por mandatos más amplios, a través de los cuales les fueron conferidos poderes de investigación. Sus reportes se convirtieron en piezas claves de evidencia en los juicios posteriores contra algunos de los máximos responsables señalados. Entre estas comisiones se encuentran aquellas instauradas en el Chad, Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

Las comisiones de tercera generación, en cambio, recibieron un gran apoyo interno, contaron con recursos suficientes para honrar mandatos extensos con poderes de investigación, fuerte apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y una clara relación con el sistema judicial en el esclarecimiento de crímenes de extrema gravedad. Entre ellas se cuentan las comisiones de Alemania, Guatemala y Sudáfrica.

La cuarta generación de comisiones de la verdad representan un salto cualitativo en el concepto, por cuanto dejan de ser un vehículo de transición política para convertirse en un medio para abordar la violencia en el marco de conflictos asimétricos en donde operan múltiples organizaciones armadas proporcionalmente responsables por la generación de la violencia.

La convicción de que la verdad jugaría un rol definitivo en el esclarecimiento de las responsabilidades en Colombia no es nueva. Durante el periodo conocido como “la Violencia” entre conservadores y liberales, se instauró una comisión por decreto presidencial que no publicó un informe por temor a que este contribuyera en la reanudación de nuevas olas de animadversión política. En los años 80, el presidente Barco convocó una comisión especializada de estudios sobre la violencia, y después de la firma de los acuerdos de paz con el Epl se convocó la Comisión para la Superación de la Violencia. Posteriormente, y con el fin de evitar un proceso ante la Corte Interamericana, el gobierno Samper aceptó el establecimiento de la Comisión Trujillo, para el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la masacre. El más importante, sin duda, es el esfuerzo emprendido por la Comisión Nacional de Memoria Histórica, actualmente en operación.

Si bien los esfuerzos anteriores aquí no han surtido un impacto definitivo en la cesación de la violencia, la comisión planteada en La Habana podría contribuir en muchos sentidos a la dignificación de las víctimas. Al aceptar la instauración de una comisión de la verdad, por ejemplo, las Farc aceptan que sus acciones no fueron justificadas, sino criminales, y en ese proceso tendrán que desmontar y renegar de esa mitología fundacional sobre la que han justificado la práctica de la atrocidad por décadas.

Natalia Springer