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Subsidio a estudiantes en SITP / Opinión

Iniciativa por ahora tiene componente de buena intención y ahonda el déficit creciente del SITP.

11 de junio 2015 , 08:37 p.m.

El Concejo de Bogotá se apresta a votar en plenaria una tarifa de 70 % para estudiantes en el Sistema Integrado de Transporte Público. Como puede esperarse de un proyecto bienintencionado, recibió 13 votos a favor y 2 en contra en comisión. El proyecto no cuenta aún con aval de la Administración y afecta el presupuesto del Distrito.

Dos puntos en esta interesante discusión: 1) los subsidios al transporte público, especialmente las subvenciones focalizadas, son convenientes; 2) los descuentos de tarifa, si se aplican contra el valor del resto del pasaje, son perversos; por eso requieren fuente de pago cierta distinta a la tarifa.

En el primer punto, Leonardo Basso y Hugo Silva, en artículo del London School of Economics, indican que la mayor demanda por tarifas subsidiadas conduce a frecuencias de servicio más altas, lo que disminuye los tiempos de espera de todos los usuarios (efecto Mohring). Los subsidios son un “segundo mejor” al cobro de externalidades negativas del carro (congestión, contaminación accidentalidad). Y además, los subsidios son redistributivos, al beneficiar a población de menores ingresos. El Banco Mundial ha promovido los subsidios focalizados que aumenten el acceso de la población más pobre al transporte público. Es entonces conveniente subsidiar el transporte público, más aún si los subsidios son focalizados, como lo promueve el proyecto de acuerdo, que extendería el incentivo para personas de Sisbén 1 y 2.

El proyecto no parece claro en la fuente de pago. Si se trata de subir el pasaje del resto de usuarios para cubrir el 30 % de descuento a estudiantes, es una medida perversa. Significa que el pasaje debe ser más caro para un usuario promedio, para cubrir costos de otros usuarios. Esto disminuye la demanda global y genera una espiral financiera negativa. Lo conveniente es contar con una fuente alternativa de financiación.

Lo lógico en este caso sería cargar al presupuesto del sector educación, porque se trata de una medida complementaria y fundamental para garantizar el acceso a este derecho. De forma alternativa, podría cargarse a otros usuarios ineficientes del transporte: los vehículos particulares que no compensan sus impactos en congestión, contaminación y accidentalidad.

Esta iniciativa podría ser sensata y balanceada. Por ahora solo tiene el componente de buena intención, y ahonda el déficit creciente del SITP.

DARÍO HIDALGO
Investigador Centro WRI Ross para Ciudades Sostenibles