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Buenaventura, 35 años sobreviviendo a la violencia

Con 176.659 víctimas en 15 años, el puerto es uno de los municipios más golpeados por el conflicto.

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10 de junio 2015 , 09:15 p.m.

Mientras en el casco urbano de Buenaventura todos los días salen y llegan afrodescendientes con las pocas pertenencias que sus victimarios les dejaron empacar, en los barrios de bajamar aparecen de tanto en tanto las partes de cuerpos que fueron mutilados.

En los últimos cuatro años, 75.765 personas se vieron afectadas por el conflicto y la inclemencia de las bandas en el puerto. Cuando se habla de los últimos 15 años, la dolorosa cifra llega a 176.659 personas, que sufrieron crímenes que van desde amenazas y desplazamientos hasta asesinatos selectivos y descuartizamientos, a plena luz del día.

Y el año pasado, en el principal puerto de Colombia, con casi 400.000 habitantes que en un 90 por ciento son afrodescendientes, la violencia dejó más víctimas que en Antioquia, el Eje Cafetero y Córdoba juntos. Fueron 20.595 bonaverenses que se registraron ante el Gobierno para pedir las medidas de atención y reparación, la mayoría de ellos expulsados de sus viviendas.

Hoy, cuando en debates y foros se discute sobre los beneficios que traería firmar la paz con las Farc, y la intensidad del conflicto se ha reducido sustancialmente en algunas zonas, en Buenaventura el daño no cesa. La violencia no solo ha crecido, año tras año, sino que, según estadísticas oficiales, ha mutado a niveles de degradación que no se veían desde la época paramilitar.

Ese oscuro panorama que vive Buenaventura, y los 35 años de conflicto y guerra que han sacudido sus costas, fueron documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que hoy lanza el informe ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’. La investigación de 483 páginas, la más completa que se ha escrito sobre la violencia en el puerto, analiza cómo las Farc, los paramilitares y ahora ‘los Úsuga’, ‘la Empresa’ y ‘los Rastrojos’ han venido desangrando al municipio.

El libro surgió como iniciativa de los propios bonaverenses. Fue la Minga por la Memoria, conformada por organizaciones étnicas, eclesiásticas y sociales de Buenaventura quienes le pidieron al CNMH realizar un documento para poder entender por qué en esta zona la disputa armada continúa de manera acentuada.

Testimonios de las víctimas, llenos de dolor y miedo, dan cuenta del grado de sevicia de los violentos.

En mayo del año pasado, los investigadores del Centro de Memoria tomaron relatos de la comunidad que quedaron consignados en el informe: “Yo empecé con mi terror hace siete años, cuando se llevaron a los míos. A uno me lo picaron, me lo enchusparon. Supe en qué casa lo hicieron, y supe quiénes lo hicieron, fue algo muy triste. Aunque me di cuenta, no pude hacer nada. Me vi en la obligación de hacer una novena encerrada en el garaje de la casa. ¿Por qué? Porque ellos mismos mandaban a sus personas a mirar qué hacía yo, para dónde iba. Tuve dos años de angustia, tal vez no estuve encerrada, pero con mucho temor salía a la calle. Subía a mi barrio, bajaba, pero mi mirada nunca era hacia el fondo, porque al fondo fue donde me lo mataron, al fondo fue donde me lo llevaron al mar. Yo no hablaba con nadie, porque allá nadie habla. Me mandaron a pedir una plata para entregármelo, pero perdí los tres millones y medio de pesos porque no me lo devolvieron ¿Ya? Entonces hubo algo que se fue apoderando de mí y de mi familia”.

El Centro de Memoria asegura que casos como el de esta madre, a la que nunca le entregaron a su hijo, se explican por la mutación de la violencia en Buenaventura. Entre el 2000 y el 2004 las Farc se mantuvieron en disputa con las autodefensas, “disparando todos los niveles de violencia”. Pero la desmovilización del Bloque Calima en el 2004, que en su momento traía consigo una promesa de paz para la región, terminó creando nuevos grupos o bandas criminales que hoy pelean a muerte por el control del tráfico de drogas. Entre sus estrategias están los descuartizamientos que se hacen en las barriadas, mientras los vecinos escuchan los gritos, lo cual, para el Centro de Memoria Histórica, se ha convertido en una “tortura colectiva”.

“A partir del 2005, la instrumentalización de los cuerpos de las víctimas a través de su desaparición y fragmentación, y la ambigüedad con la cual se presentan sus responsables, han configurado un conflicto que se presenta sin cuerpos y sin rostros”, narra el informe. El irrespeto por los cuerpos de las víctimas y la capacidad de generar terror es lo que ha impulsado las denominadas ‘casas de pique’ en el puerto desde el 2012. En una reciente investigación, Human Rights Watch (HRW) asegura que desde el 2013 hasta marzo de este año en Buenaventura habían sido encontrados los restos desmembrados de 32 personas.

Empobrecidos

Los barrios donde se realizan los descuartizamientos, señalados por los mismos habitantes, son Viento Libre, Piedras Cantan, La Inmaculada, Muro Yustí, Alfonso López, Pampalinda, San Francisco y las comunas 12 y 5. “Las víctimas son atadas de pies y manos a una tabla que hace las veces de camilla donde se practican las torturas usando machetes, cuchillos o hachas para desmembrar los cuerpos”, se lee en el documento de HRW.

La degradación del conflicto también se visibiliza en la victimización de las mujeres. Es el caso de una joven que fue secuestrada y murió asesinada por integrantes de las bandas criminales el 27 de agosto del 2007, cuyo caso fue reconstruido por Memoria Histórica. “Fuimos a reclamarles a los nuevos paramilitares para que nos entregaran el cuerpo. Nos dijeron que la habían matado como advertencia para que nadie tuviera relaciones con guerrilleros. Luego dijeron que habían atado el cadáver a un poste de energía y que teníamos que ir al día siguiente a recuperarlo. Un día después, sin ninguna compasión, nos dijeron que al cadáver le habían abierto el vientre, le habían sacado los órganos y los restos los habían arrojado al mar. Tuvimos que ir hasta el mar a sacar el cuerpo, lleno de heridas de cuchillo”.

El Centro de Memoria Histórica cuestiona la efectividad de las negociaciones en Buenaventura con el Bloque Calima, hace 11 años y asegura que, además de que no se entregaron todos los integrantes de ese bloque y al menos 243 paramilitares permanecieron en las armas y en un limbo judicial, el proceso de paz “no transformó las dinámicas económicas, legales e ilegales de la región, ni los diseños políticos, ni los sectores sociales que permitieron que esos actores armados crecieran”.

De hecho, la desigualdad en esta región se ha acentuado. Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IMP), el 63 por ciento de hogares del casco urbano viven en la pobreza y el 91 por ciento de los habitantes de la zona rural de Buenaventura son pobres, mientras que solo el 6 por ciento de bonaverenses tiene un empleo formal.

Más que ser pobres, el estudio señala que Buenaventura está empobrecida. Aunque el puerto crea más riqueza que Cali, la pobreza en la capital del Valle es inferior y hoy ronda el 37 por ciento. El CNMH dice que el 99 por ciento de los dueños de la zona portuaria vive en Cali, Bogotá y Medellín, y que en esas regiones es donde se queda el dinero.

La ubicación geoestratégica de Buenaventura, al tener en sus playas el principal puerto marítimo internacional del país sobre el Pacífico, también la convierte en un punto clave para el transporte ilegal de drogas. El CNMH señala que la débil presencia estatal en la región ha posibilitado “el progreso de una creciente economía ilegal” que se bandea entre el narcotráfico, tráfico de armas, microtráfico, extorsiones, peajes ilegales, control al comercio local, cultivos ilícitos, minería ilegal y lavado de activos.

Economía ilegal

Con el paso de los años se ha ido fortaleciendo la tecnología para sacar la droga. Mientras en la década del 90 se usaban principalmente lanchas rápidas para cargar hasta 10 toneladas de coca, hoy los delincuentes prefieren semisumergibles artesanales que cargan hasta cinco toneladas, o submarinos que pueden llevar 12 toneladas en un recorrido de 16 días desde las costas de Buenaventura hasta Centroamérica.

El microtráfico también genera más violencia para el municipio, donde se vende especialmente marihuana y bazuco, producida en las zonas rurales. En Buenaventura, que según el informe hoy tiene el 85 por ciento de cultivos ilegales del Valle, con 981 hectáreas sembradas, se consigue en 20.000 pesos un kilo de marihuana. La ganancia para los grupos ilegales crece cuando ese kilo llega a Bogotá, en donde se vende por 70.000 pesos e, incluso, los traficantes pueden comercializar el gramo a 1.000 pesos, ganando un millón por cada kilo.

Y mientras los extorsionistas ‘vacunan’ desde mototaxistas hasta vendedores de chontaduro, con exigencias que van desde 5.000 pesos diarios hasta 100.000 semanales, la minería ilegal también se ha constituido en una renta.

El frente 30 de las Farc, el mismo que hace casi dos semanas dejó al puerto sin energía, es el que ha asumido el negocio. Mientras en el 2000 el gramo de oro se vendía en 16.000 pesos, hoy los grupos ilegales lo pueden vender por más de 90.000 pesos, lo que también ha atraído a ‘los Rastrojos’.

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA