Archivo

Mancuso intentará demostrar que fiscal de EE. UU. incumplió acuerdo

Exjefe paramilitar dice que la sentencia que pidió la Fiscalía de ese país, de 22 años, es muy alta.

notitle
10 de junio 2015 , 12:01 a.m.

Con el testimonio de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, la defensa de Salvatore Mancuso intentará demostrar hoy ante un juez en EE. UU. que la Fiscalía de este país incumplió el acuerdo de culpabilidad que firmó hace algunos años y en el cual se le habían ofrecido rebajas de penas si colaboraba con la justicia.

El caso del paramilitar, extraditado a Estados Unidos hace siete años, se encuentra en su etapa final y la audiencia de hoy podría ser clave para determinar los años que permanecerá en la cárcel antes de su regreso a Colombia.

La sentencia de Mancuso, si todo sigue en orden, se dará a conocer el próximo 30 de junio. Pero la juez federal Ellen Huvelle tendrá que decidir si existe algún mérito en el reclamo de Mancuso, representado en este proceso por el abogado Joaquín Pérez.

La disputa arrancó a comienzos de este año cuando la Fiscalía estadounidense pidió 22 años de cárcel para el paramilitar. Según el gobierno de EE. UU. ese cantidad de años ya incluye una reducción de sentencia del 35 por ciento y por lo tanto es adecuada como castigo para un hombre que estaba al frente de las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por lo tanto debe pagar por el rol de esta en el negocio del narcotráfico.

Aunque la última palabra la tiene la juez, la defensa de Mancuso alega que se trata de una sentencia muy alta donde se le reconoce su cooperación con las autoridades de EE. UU.  con la justicia colombiana en el proceso que se le sigue bajo la ley de Justicia y Paz, pero no se cuenta la amplia colaboración que brindó para los procesos que adelantó la Corte Suprema de Justicia contra congresistas, militares y miembros del gobierno colombiano.

De acuerdo con su abogado, esa cooperación adicional con la Corte Suprema se negoció directamente con los fiscales de EE. UU. que llevaban el caso y que, según Pérez, se comprometieron a pedirle a la juez una rebaja extra de su pena que dejaría su sentencia en unos 10 años.

La supuesta promesa no está incluida en el acuerdo de culpabilidad como tal, sino en una serie de emails entre Pérez y los fiscales.

El gobierno de EE. UU. alega que los emails no son vinculantes y que de otorgarle una nueva rebaja se estaría duplicando la reducción por la misma cooperación ofrecida. Mancuso y si defensa sostienen que los emails comprometen a la Fiscalía y que la cooperación con la Corte Suprema no era obligatoria y si la dio fue por que le ofrecieron beneficios adicionales.

Y allí es donde juega un papel el funcionario de la Defensoría del Pueblo. Se trata del abogado Fernando Tribín Echeverry, quien en un juramento documentado y presentado ante la Corte de EE. UU. se identifica como la persona en la Defensoría que asesora a los abogados de víctimas en el proceso de Justicia y Paz.

En su declaración Tribín le da la razón a Mancuso al indicar que su aporte a la ley de justicia y paz es diferente a sus testimonios ante la Corte Suprema y que estos no fueron tenidos en cuenta en cuenta a la hora de definir su sentencia de 8 años en el proceso de justicia y paz.

Hace pocas semanas, el exmagistrado de la Corte Suprema, Ivan Velázquez, ya se había desplazado a Washington para avalar también la cooperación de Mancuso con este órgano judicial.

En cualquier caso, Huvelle escuchará hoy argumentos y probablemente se tomará un par de días antes de pronunciarse.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

@sergm68