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El asesinato que destapó la mafia detrás de los contratos petroleros

Dos representantes de firma contratista fueron capturados por muerte de Edith Santos en Meta.

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09 de junio 2015 , 09:40 p.m.

Un grupo especial de la Dijín, apoyado por la Sijín de la Policía en Villavicencio, llegó el martes hasta Acacías (Meta) para capturar al representante legal de la empresa Sumitransportes Esterling y a uno de sus suplentes. Los dos están señalados de la autoría intelectual del asesinato de Edith del Consuelo Santos Jiménez, quien fuera la presidenta de la Corporación de Juntas del Área de Influencia Directa (Cjaid) y quien fue víctima de sicarios el 29 de agosto de 2014.

Sumitransportes Esterling es la firma que desde marzo de este año maneja el 40 por ciento del millonario contrato para el transporte de crudo, vía terrestre, a la estación de bombeo en Chichimene, vereda de Acacías y que es centro del megaproyecto CPO9 de Ecopetrol.

Ese contrato, de acuerdo con el expediente del crimen, fue adjudicado por la multinacional Petrotiger –contratista de Ecopetrol– luego de que Cjaid certificó que Sumitransportes era la firma idónea de la región para participar en el negocio. El otro 60 por ciento fue entregado, también con certificaciones de la Corporación, a las firmas ITL y Transmulticarga.

En la investigación, la Policía y la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía señalan que el homicidio de Santos Jiménez fue planeado y ejecutado por una alianza entre una banda criminal de los Llanos (‘el bloque Meta’) con los jefes de Sumitransportes Esterling y otros líderes comunales.

¿La razón? La Policía dice que Santos Jiménez había manifestado su intención de dar su aval para que la empresa Transmulticarga repitiera el contrato, que había ganado en el 2014. El expediente dice que las ganancias diarias del contratista podían llegar a los 30 millones.

Una fuente de la investigación señala que se documentó cómo la banda, que es un remanente de paramilitares de hace una década, estuvo detrás del negocio y se quedó directamente con parte del contrato. En la operación fueron capturados Nilso Ibáñez Esterling, quien en la Cámara de Comercio de Villavicencio figura como representante legal de la empresa investigada. También su cuarto suplente, Abelino Chivata Arévalo.

Junto con ellos, la Policía detuvo –en una operación desplegada por cinco municipios– a otras siete personas, entre quienes están señalados sicarios y jefes financieros del bloque Meta y hasta del clan de ‘los Úsuga’, que, de acuerdo con el proceso, “estaban en comisión” en la zona.

Entre enero y marzo pasados fueron capturados otros seis señalados de participar en el crimen. Entre ellos está José Gerardo Londoño Parra, quien según las autoridades es el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Esmeralda, una de las tres donde opera el proyecto CPO9 de Ecopetrol.

El poder de las juntas

El crimen de Edith Santos puso en el radar de la Policía y la Fiscalía un asunto que desde hace un tiempo se ventila en las zonas de producción petrolera: la influencia indebida que han alcanzado algunas juntas comunales en el negocio. Por ley, en cabeza de estas organizaciones está la facultad de decidir cuáles empresas pueden acceder a millonarios contratos de prestación de servicios en la actividad petrolera. Esto porque Ecopetrol contrata con multinacionales servicios para la producción y venta del crudo, y a su vez estas multinacionales deben subcontratar otros servicios.

La norma señala que, en la medida de lo posible, esos subcontratos deben ser otorgados a empresas y personas de la región, previa certificación de las juntas. Esto ha generado que sobre estas organizaciones se concentren intereses fuertemente ligados a la corrupción y, ahora, a redes criminales.

La Policía investiga denuncias que señalan que para acceder a uno de esos negocios debe haber ‘comisión’ para miembros de las juntas, que además se han convertido en una especie de bolsas de empleo. También se indaga la infiltración de las redes criminales, no solo en el Meta, sino en otras regiones de producción petrolera. Esos grupos utilizan e incluso crean empresas con el objetivo de quedarse con millonarios contratos.

Hace menos de dos años, el Gobierno intentó ponerle freno a esa situación con el decreto 2852 –firmado el 6 de diciembre del 2013–, que fijaba la descentralización de los avales; pero su aplicación generó duras manifestaciones de pobladores, al aparecer empujados por las juntas. Al final se acordó que los avales continuaran en cabeza de las juntas, para evitar bloqueos que afectaran la producción de petróleo.

JUSTICIA
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