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La verdad: ¿antesala de la justicia?

El anuncio del acuerdo sobre la Comisión muestra la seriedad de la mesa de La Habana.

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09 de junio 2015 , 05:52 p.m.

Es un gran anuncio el que ha hecho la mesa de negociaciones de paz en La Habana. Cuando se firme el acuerdo de terminación del conflicto y construcción de paz duradera, y todo este pacto, se pondrá en marcha la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto, la Convivencia y la No Repetición. Un grupo de nueve personas escogidas por esa mesa bipartita se encargará de escoger a 11 comisionados que tendrán tres años para realizar su trabajo y llegar a un informe final.

El mandato delimita las funciones de la comisión y muestra su trascendencia. Deberá “esclarecer y promover el reconocimiento” en 10 puntos complejos, que van desde las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, las responsabilidades colectivas de múltiples sectores, el impacto del conflicto en lo social, político, regional y en los combatientes; pasa al esclarecimiento histórico de las causas, desarrollo, persistencia y consecuencias del conflicto. Y termina ese mandato con el reconocimiento de lo que haya ocurrido como “fortalecimiento del tejido social” y de “los
procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto”.

Las tareas pendientes para que se acabe de delimitar el alcance de la comisión se desprenden de la ubicación que le dieron el pasado 4 de junio como pieza de un sistema: “La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”. Al definir ese sistema se aclarará el periodo de conflicto, que por ahora se omitió; entre los expertos consultados por la mesa, unos parten de 1936; otros, de 1946; en el informe ‘Basta ya del Grupo de Memoria Histórica’ se propuso 1958, sin desatender los antecedentes en el periodo de La Violencia, es decir, el de las dictaduras impuestas entre 1946 e inicios del Frente Nacional.

Pero ese no es el único cabo suelto. En la presentación del Informe Conjunto, el vocero del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, ha subrayado que, a su juicio, el aporte que hagan los presuntos responsables de todo tipo será un requisito para acceder a beneficios penales en la instancia que se designe como parte del sistema. Pablo Catatumbo, plenipotenciario de las Farc en la mesa, ha puesto el acento en su rechazo al modelo de justicia transicional que ha acogido el Gobierno y en su visión de que el objetivo es una solución política con verdad, no repetición y ampliación de la democracia; no habla de lo penal, pero se infiere que a su juicio no debe ser unilateral con cárcel para las Farc y que deberá ser posterior al esclarecimiento de las múltiples responsabilidades por los impactos del conflicto, comenzando por el Estado. “No se puede partir de que nosotros (las Farc) somos los únicos responsables (….)”, dice Catatumbo en una entrevista a ‘El Espectador’ publicada el 7 de junio de 2015, y agrega que “aquí hay múltiples causas, múltiples responsables y distintas formas de responsabilidad”.

¿Esto significa que un eventual tribunal que se ocupe de crímenes de guerra y de lesa humanidad debe esperar al informe final de la Comisión, es decir, más de tres años después de firmados los acuerdos o desde su fecha de ratificación? O de otra forma, que ¿la Comisión con su verdad y como parte del sistema excepcional se debe aprobar conjuntamente con los beneficios penales, indultos y amnistías de quienes aporten al esclarecimiento? Esto sería similar a lo establecido para los desmovilizados de las ‘autodefensas’ que se acogen a la Ley 1424 de 2010 y no a la Ley 975 de 2005, y siguen libres solo con el compromiso de aportes a la verdad. Todos serían sindicados por el delito de rebelión y se ampliaría la tipología de delitos conexos a los cometidos para financiar la guerra o infracciones consideradas colaterales a las acciones armadas contra objetivos admitidos por el DIH. ¿Será viable esta fórmula ya descartada en la reforma constitucional sobre justicia transicional y que tiene no solo las objeciones del Gobierno sino el rechazo del Centro Democrático y del Procurador?

El anuncio del acuerdo sobre la Comisión ha despertado esperanzas en el proceso y muestra la seriedad de la mesa de La Habana para buscarles salidas a puntos tan difíciles como los que faltan en la agenda y en los pendientes de temas ya pactados. En realidad sorprende la aceptación que ha tenido el texto concertado y lo débil de cada opositor. Una buena señal es también que los interrogantes, como los aquí consignados, miren hacia delante, hacia lo que falta en relación con justicia, reparación y no repetición.


Camilo González Posso

camilogonzalezposso@gmail.com