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Caso de corrupción de salud del Huila tiene nuevos imputados

Los capturados, al parecer, se asociaron para quedarse con el dinero de las personas más pobres.

09 de junio 2015 , 11:20 a.m.

El Juez Tercero Penal de Neiva acató la petición de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra el director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, en el proceso que se le sigue por posibles irregularidades en el manejo de millonarios recursos de la salud.

La medida también cobija al actual gerente de Medilaser, médico Juan Pablo López y a los exgerentes de esa entidad Carlos Francisco Tovar Trujillo, María Maryuri Zuluaga Arenas y Ana Isabel Triana Hernández, que actualmente se desempeña como gerente de la Nueva EPS en Huila.

También fueron enviados a la cárcel los exalcaldes del municipio de La Plata, Adolfo León Ubajoa y Ramiro Paredes González, y el exalcalde de Garzón, Edgar Bonilla Ramírez, que aspira a la Alcaldía por el Partido Liberal.

Todos fueron imputados, por separado, de los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documentos públicos y enriquecimiento ilícito.

Los detenidos permanecen en una sede de la Policía en Neiva pero se cree que este martes serán llevados a la cárcel del municipio de Rivera.

La Fiscalía consideró que la detención preventiva intramural se requiere para impedir que los investigados obstruyan el proceso, y precisó que se trata de una medida preventiva, cautelar y provisional, “que se hace necesaria para evitar que se oculten pruebas y se obstruya la justicia.

Las autoridades investigan millonarias contrataciones por más de 25.000 millones de pesos realizadas por Comfamiliar con Medilaser sin que esta IPS contara con sedes ni médicos suficientes en el sur del país, pero a esto se suma que al parecer Comfamiliar contrató con las ESE de los municipios de Garzón y La Plata los mismos servicios por valor de 6.000 millones de pesos bajo la modalidad de ‘eventos controlados’ limitando los servicios a los usuarios del Régimen Subsidiado.

El jefe de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, Mario Montes, señaló que los capturados se asociaron “para quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisbén para acceder a los servicios de salud”.

Aseguró que Comfamiliar le pagaba a una empresa que no prestaba el servicio y se destinó una partida más pequeña para pagarles a los hospitales de la zona que atendieran a los pacientes.

NEIVA