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Condena a la Nación por crimen de funcionario que denunció corrupción

Pese a cuatro atentados contra Ovidio Marín, le habían retirado escolta.

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02 de junio 2015 , 08:48 p.m.

‘Palabra de honor’ es el libro que escribió Ovidio Arturo Marín Hurtado los meses que tuvo que permanecer oculto tras atentados en su contra. También tenía una carta de despedida, sin fecha, para su esposa, su hija y su hijo.

En el libro registró irregularidades en jubilaciones en la Gobernación del Valle, en los talleres de maquinaria del departamento y cobros que hacían funcionarios por agilizar trámites.

Ahí también documentó actuaciones ilícitas en las bodegas de la Industria de Licores del Valle.

Como jefe de prestaciones sociales del Valle y como gerente de control disciplinario de la licorera descubrió y denunció esas irregularidades.

Y la carta de despedida era un terrible presagio de lo que podría ocurrirle por esas denuncias.

En 1993 sufrió un atentado y siguieron otros cuatro. En su cuerpo registraba 11 impactos balas.

Por todas esas situaciones era persona protegida, pero inexplicablemente, le retiraron el esquema de protección.
El 4 de mayo de 2004, mientras viajaba desde su casa a su trabajo en la ILV, dos sicarios motorizados lo atacaron a bala. Pese a llevar chaleco antibalas fue impactado en varias ocasiones y murió.

De 47 años, casado, en ese entonces su hijo tenía 17 años y su hija 14.

Esta semana, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle confirmó en segunda instancia el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de descongestión que encontró responsable a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por fallas en el servicio al retirar la escolta a Marín.

En decisión del 25 de agosto de 2014, el juzgado condenó a la Nación al pago de una millonaria suma.

El abogado Hernando Morales Plaza, quien representó a los allegados del Marín Hurtado, precisa que el Tribunal ordena el archivo del proceso, por lo que no procede recurso alguno contra esa decisión.

Por el retiro del esquema de protección, el juzgado encontró administrativamente responsable a la Policía Nacional y también al desaparecido DAS.

Por los perjuicios morales causados a la familia, el despacho judicial ordena el pago de 300 salarios mínimos legales mensuales para la esposa y los dos hijos de Marín Hurtado.

Además, por concepto de lucro cesante o expectativas de vida, otra cifra para el núcleo familiar.

Como alcalde de Restrepo, Ovidio Marín también había denunciado homicidios en zona rural de su municipio, presuntamente a manos de la Fuerza Pública.

El primer atentado en su contra fue en 1993 y siguieron otros tres.

Pese a todos esos antecedentes en el 2003 le retiraron el carro blindado y su esquema de seguridad. No fueron atendidas algunas tutelas invocando que le fuera amparado el derecho a la vida.

El 4 de mayo de 2004 fue asesinado. El sepelio de Ovidio Arturo Marín Hurtado se hizo en medio de honores y fue considerado un ‘héroe’ silencioso.

En los distintos ataques murieron tres escoltas.

Otro valeroso ejemplo Otro funcionario que denunció irregularidades en pensiones y otras áreas de la Gobernación del departamento fue el también secretario de servicios administrativos Fabio Ospina Giraldo.

Fue objeto de amenazas, presiones y sufrió atentados a bala y con explosivos.

Murió víctima de un infarto y no pocos señalaron en su momento que toda la tensión minó su salud. Sus denuncias permitieron desmantelar parcialmente las ‘mafias de pensiones’.

En una década fueron asesinadas una decena de personas por corrupción en el Valle.

CALI