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¿Y las instituciones qué?

No puede permitirse que siga haciendo carrera la idea de que las instituciones son negociables.

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26 de mayo 2015 , 06:07 p.m.

Para que un Estado sólido pueda asumir todas las funciones que constitucionalmente le corresponden, debe contar con instituciones igualmente sólidas y confiables.

Su legitimidad no puede estar en tela de juicio y sus ciudadanos deben poder confiar en que ellas existen para garantizar sus derechos así como un adecuado y armónico funcionamiento del aparato estatal. Ellas se concretan en organismos y se crean con el objeto de ofrecer y mantener unas reglas que contribuyan al buen funcionamiento del orden político, social y económico acordado para el desarrollo de la sociedad.

Entre las características de estas instituciones está el que son relativamente permanentes. Ello ofrece seguridad a los ciudadanos y estabilidad al Estado; lo hace viable.

Cuando las instituciones son cambiadas con frecuencia y facilidad, se puede producir tal grado de anarquía que algunos consideran que el Estado deja de ser viable y empieza a convertirse en uno fallido.

No se trata de decir que las instituciones no pueden modificarse, pero cuando ello sucede debe ser por razones profundas y después de un análisis juicioso de la estructura orgánica del Estado en su conjunto.

En Colombia, el mal funcionamiento de las instituciones y de los órganos creados en 1991 obedece, en casi todos los casos, a una mala selección de quienes los integran y a los abusos cometidos por sus cabezas.

Sistemáticamente ha venido reformándose la Constitución, desconociendo el espíritu del Constituyente y por ende desarticulando la organización que se le quiso dar al Estado. Para lo único que ha servido esto, y para lo único que servirá esta reforma que se tramita actualmente en el Congreso, es para debilitar aun más al Estado, llevándolo de manera peligrosa a un punto en el que fácilmente se puede dar al traste con tantos años de estabilidad y solidez democrática.

La responsabilidad de la crisis institucional es tanto de las autoridades que han venido ostentando el poder en las últimas dos décadas como de los ciudadanos que no han sabido elegir. Los primeros han gobernado para sí mismos, descuidando lo público y con poco compromiso con el interés general; y los segundos han eludido su responsabilidad de participar a través de su voto y hecho caso omiso de que los bienes públicos y las instituciones deben ser defendidos y cuidados por ellos en primer lugar.

Así, por ejemplo, si el Congreso no funciona, la solución no es clausurarlo sino elegir buenos congresistas; si los jueces han dejado de cumplir con objetividad e imparcialidad su función de impartir justicia, ello no se arregla borrando de un plumazo las altas cortes ni estigmatizando a las instituciones, sino más bien estableciendo los criterios y mecanismos adecuados para acceder a tales dignidades y seleccionando a las personas adecuadas. Y, en todo caso, si se ve la necesidad de suprimir un organismo porque claramente se concluye que su permanencia constituye un obstáculo para el buen funcionamiento de la Rama Judicial, ello debe hacerse sin improvisaciones y mucho menos con la intención de beneficiar y dar privilegios a unos pocos.

Cuando se requiere modificar, reformar o suprimir un órgano del Estado, las funciones que el mismo desempeña no pueden dejarse en cabeza de otros nuevos que se crean pero que quedan por fuera de la estructura estatal y sobre los que no es claro a qué rama del poder pertenecen. Ello equivale a desinstitucionalizar el Estado, generando zozobra, aumentando la desconfianza del ciudadano y dejando el funcionamiento de la democracia en un terreno movedizo.

No puede permitirse que siga haciendo carrera la idea de que las instituciones son negociables. Con el Estado y con sus instituciones no se juega.


Claudia Dangond
@cdangond