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La batalla que tuvo que dar una familia para salvar su casa

Miguel Rivera tuvo que luchar contra propietarios ficticios que querían robarle su vivienda.

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25 de mayo 2015 , 09:12 p.m.

Mientras que el cirujano plástico Miguel Ángel Rivera Mendoza reconstruía las manos mutiladas de los uniformados en la clínica de la Policía, donde trabaja, varios hombres desmantelaban su casa y tomaban posesión de ella.

La pesadilla para Rivera Mendoza empezó el pasado 12 de septiembre, cuando su inmueble, ubicado en la calle 109 número 17A-33, del barrio San Patricio (Usaquén), que estaba desocupado y sin servicios públicos, inexplicablemente tenía luz. “Ese día pasé con mi mamá para ver la casa. Me sorprendí cuando vi un bombillo encendido y la sombra de un hombre. Entonces llamé a la Policía y les dije que esa vivienda era mía, que no sabía por qué esa persona estaba adentro. Cuando los uniformados lo requirieron él se identificó como Sebastián Ovalle y lo sacaron. A ese señor lo llevé hasta la Fiscalía pero, finalmente, lo dejaron libre”, aseguró el médico.

Cuando Miguel Ángel y su mamá, Claudia Mendoza, pensaban que esto no había sido más que una confusión no imaginaron que tendrían que enfrentar una serie de batallas contra ocupantes que aparecieron de la nada y hasta diligencias judiciales para evitar que la morada pasara a otras manos. Al médico le tocó contratar a una persona para que vigilara la residencia, pero sucedió algo peor.

“Le dije a Rodrigo Mota, que cuidará el lugar, pero el 27 de septiembre a las 7:00 p. m., él se tuvo que ausentar y la casa quedó sola. Cuando mi mamá fue a ver qué pasaba, otras personas ya habían cortado candados y violentado chapas para invadir”, manifestó.

“Esta vez encontramos a un nuevo vigilante que había sido contratado por un señor identificado como Édgar Avendaño”, agregó.

Preocupada, Claudia fue a la Policía para que sacaran al celador, pero los uniformados le dijeron que hasta el otro día podían ir a verificar qué era lo que había sucedido. “Pasaron 24 horas y no hicieron nada, entonces instauramos una querella de lanzamiento por ocupación de hecho”, aseguró Miguel Ángel.

También enviaron una carta a la empresa de vigilancia a la que pertenecía el celador que supuestamente contrató Avendaño en la que le pedían que retiraran ese servicio, situación que no fue atendida, afirma el galeno. El proceso quedó en manos del inspector de Policía Wilson Callejas y se programó una inspección ocular para el 28 de noviembre siguiente.

Mientras llegaba la fecha el médico veía cómo su casa quedaba en poder de extraños y desvalijada. “Puertas y ventanas fueron arrancadas igual que la cocina integral”, contó.

Según Rivera Mendoza, la celaduría fue retirada por un hombre identificado como José Arturo López, con autorización de Avendaño, y en la casa quedó viviendo José Antonio Olaya Sanabria, como está consignado en uno de los documentos que hacen parte del proceso.

EL TIEMPO intentó comunicarse con las personas que figuran en los papeles que presentó el demandante, pero los teléfonos no pertenecían a sus destinatarios y otros no funcionaban. Sí respondió la abogada Hellen Johana Ariza, quien manifestó que ejerció un poder que le dio José Arturo López, al que ella renunció. “Hasta donde tengo entendido a José Arturo López lo estafaron y a último momento me pidió que lo representara en una inspección, pero no he podido hacerlo porque no he tenido tiempo”, aseguró la abogada.

Durante ocho meses el inmueble del médico Rivera fue objeto de una telaraña de trámites hechizos, propietarios ficticios, extraños contratos, supuestos arrendadores y arrendatarios, abogados y, para el propietario real, el cirujano Rivera, un engorroso papeleo y una lenta bitácora de diligencias, de las que no quiere volver a saber.

“Teniendo todos los papeles en regla: escritura pública, carta de libertad, certificación catastral, recibos pagos del impuesto predial, recibos de servicios públicos, entre otros, veía con asombro cómo estas personas que me invadieron exhibían ante las autoridades algunos de estos documentos sin saber cómo los conseguían”, recalca.

En la última diligencia inspectorial, llevada a cabo el jueves pasado y que estuvo a cargo de Wilson Callejas, se dictó acta de desalojo y devolución del inmueble a Miguel Ángel Rivera.

EL TIEMPO habló con José Antonio Olaya Sanabria, ocupante del predio hasta ese momento y quien fue desalojado. Al averiguarle sobre cuánto llevaba viviendo allí y quién le arrendó, manifestó llevar tres meses y aseguró tener un contrato de arrendamiento con José Arturo López, quien supuestamente tenía la posesión.

Olaya Sanabria agregó que tenía previsto adecuar la casa para instalar una fábrica de colchones. Al interrogante de qué opinaba sobre lo que estaba sucediendo, respondió: “Yo no opino, porque yo sé con quién tengo que hablar…”.

Como quiera que sea, el médico Rivera hace tiempo instauró una demanda penal para saber quiénes codiciaban la propiedad que durante años estuvo deshabitada por la construcción de un edificio aledaño, que por asentamiento de obra causó daños y averías en su estructura, y en consecuencia no podía ser habitable.

JOHN CERÓN
Redactor de EL TIEMPO
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